Contexto y entidad emisora

La Resolución 0-0215, expedida el 18 de julio de 2025 y publicada en el Diario Oficial No. 53.188 el 21 de julio de 2025, fue emitida por la Fiscalía General de la Nación. Esta entidad, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, establece directrices vinculantes para el ejercicio eficiente y coherente de la acción penal en Colombia. La resolución se enmarca en un contexto de coordinación interinstitucional para combatir organizaciones criminales que afectan la paz y seguridad del país.

Tema principal y destinatarios

El asunto central de esta resolución es la adopción formal de la Política Pública y el Plan de Acción Permanente para el desmantelamiento de conductas y organizaciones criminales, con especial atención a las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Estos instrumentos están dirigidos principalmente a las dependencias internas de la Fiscalía General de la Nación —como la Unidad Especial de Investigación (UEI), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y las Delegadas para la Seguridad Territorial, Finanzas Criminales y Criminalidad Organizada—, pero también involucran la coordinación con otras autoridades del Estado. Este enfoque integral es relevante, dado que busca fortalecer la capacidad institucional para enfrentar estructuras criminales que amenazan la implementación del Acuerdo Final de Paz y la seguridad ciudadana.

Objetivo de la resolución

El propósito fundamental de la resolución es establecer un marco de actuación claro y permanente para la Fiscalía en la persecución y desmantelamiento de organizaciones criminales que cometen homicidios, masacres y otras conductas violentas contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, y participantes en la construcción de paz. Además, busca garantizar el acceso a la justicia con un enfoque diferencial que contemple las necesidades particulares de mujeres, menores de edad y personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

Principales decisiones y regulaciones

Entre las medidas adoptadas se destacan:

• Articulación interna: El Vicefiscal General de la Nación liderará la coordinación entre las unidades especializadas y territoriales para implementar el Plan de Acción.
• Fortalecimiento investigativo: Priorizar la investigación de autores intelectuales de delitos cometidos por organizaciones criminales, identificando conexiones con intereses políticos y económicos.
• Enfoque diferencial y de género: Incorporar perspectivas de género e interseccionalidad en la investigación y judicialización, especialmente para casos relacionados con violencias contra mujeres y personas OSIGD (orientación sexual e identidad de género diversa).
• Atención y acceso a la denuncia: Promover mecanismos accesibles y confidenciales para la denuncia, con especial énfasis en grupos vulnerables.
• Análisis de nexos ilícitos: Estudiar y recomendar medidas para desactivar vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.
• Cooperación interinstitucional: Coordinar acciones con otras autoridades y organismos que integran la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Base legal y normativa relacionada

La resolución se fundamenta en diversas normas y disposiciones legales, entre las que sobresalen:

• El artículo 251 de la Constitución Política, que otorga facultades a la Fiscalía General para determinar criterios y posiciones institucionales.
• El Decreto Ley 016 de 2014 y su modificación por el Decreto Ley 898 de 2017, que establecen funciones para formular políticas y directrices en materia penal.
• El Decreto Ley 154 de 2017, que creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para diseñar y hacer seguimiento a la política pública en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales.
• El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y el Decreto Ley 895 de 2017, que establecen el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política.
• Sentencias de la Corte Constitucional, como la C-224 de 2017 y SU-546 de 2023, que resaltan la importancia de la coordinación institucional y el respeto a derechos en la lucha contra el crimen organizado.

Modificaciones y vigencia

La resolución no revoca normativas previas, sino que adopta los componentes de la Política Pública y el Plan de Acción Permanente ya aprobados por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Gobierno nacional. Además, establece que la Fiscalía debe armonizar sus programas y estrategias internas con esta política, incorporando lecciones institucionales y buenas prácticas. La disposición rige a partir de su expedición, asegurando la implementación inmediata de sus directrices.

Impacto potencial

Esta resolución representa un avance significativo en la consolidación de una estrategia institucional coherente y permanente para enfrentar las organizaciones criminales que afectan la construcción de paz en Colombia. Al establecer una articulación clara entre las diferentes unidades de la Fiscalía y promover un enfoque diferencial y de género, se busca mejorar la eficacia de la acción penal y garantizar el acceso a la justicia para poblaciones vulnerables. Asimismo, la atención a los nexos ilícitos con funcionarios públicos apunta a fortalecer la integridad estatal y la confianza ciudadana. En suma, la adopción de esta Política Pública y Plan de Acción Permanente por parte de la Fiscalía General de la Nación constituye un paso relevante en la lucha contra la criminalidad organizada, en cumplimiento de mandatos constitucionales y compromisos derivados del proceso de paz. --- Para consultar la Resolución 0-0215 de 2025 en su texto íntegro, puede acceder al Diario Oficial No. 53.188 del 21 de julio de 2025.