Contexto y tipo de acuerdo

El proyecto corresponde a un Acuerdo de carácter administrativo expedido por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el año 2025, orientado a reglamentar aspectos relacionados con la Reforma Rural Integral y la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta iniciativa se enmarca dentro de las facultades constitucionales y legales conferidas a la ANT, en especial las previstas en la Ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 2363 de 2015.

Objeto y ámbito de aplicación

El Acuerdo propone señalar los rangos máximos y mínimos de extensión para las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) en función de las Unidades Físicas Homogéneas (UFH) a escala municipal, específicamente en los municipios de Apartadó, Carepa, Guarne y Marinilla (Antioquia); Morales, Santa Rosa del Sur y Simití (Bolívar); Anserma, Filadelfia, La Merced, Risaralda y Supía (Caldas); Nunchía y Pore (Casanare); Aguachica, Agustín Codazzi, Gamarra, La Paz y San Diego (Cesar); y Momil, Purísima de la Concepción, San Andrés de Sotavento, Santa Cruz de Lorica y Tuchín (Córdoba). Este marco normativo será aplicado por la ANT en los procedimientos para ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural, dirigida a los sujetos de esta política, conforme a las normas vigentes y principios constitucionales, tales como el respeto al medio ambiente, la soberanía alimentaria y la protección especial a campesinos y trabajadores agrarios.

Principales disposiciones y metodología

El Acuerdo adopta la metodología de cálculo de la UAF basada en la Guía metodológica aprobada por la ANT en el Acuerdo 167 de 2021, que define la Unidad Agrícola Familiar como compuesta por un Área Mínima Rentable (AMR) y áreas complementarias. Esta metodología, desarrollada en articulación con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), permite determinar técnicamente las extensiones de tierra que deben adjudicarse para garantizar la viabilidad económica y productiva de los predios rurales adjudicados. Se incluyen tablas detalladas con los valores mínimos y máximos de extensión para cada UFH en los municipios mencionados, reflejando diferentes apreciaciones productivas de la tierra, desde excelente hasta improductiva. Asimismo, el Acuerdo establece exclusiones normativas para áreas con restricciones legales o ambientales, como zonas de conservación, patrimonios arqueológicos, zonas urbanas y territorios étnicos, en los cuales no se aplicará esta metodología.

Impacto y relevancia para la comunidad y entidades involucradas

El establecimiento de estos rangos contribuirá a la consolidación de una estructura agraria más equitativa, favoreciendo a campesinos y trabajadores agrarios en su acceso progresivo a la tierra, conforme al mandato constitucional y la política pública rural. La precisión técnica en la asignación de extensiones permitirá mejorar la productividad y sostenibilidad de las unidades agrícolas, promoviendo el bienestar rural y la soberanía alimentaria. Además, el Acuerdo fomenta la participación ciudadana y de grupos de interés, habiendo sido publicado para consulta pública durante diez días calendario, lo que garantiza transparencia y legitimidad en su implementación.

Mecanismos de seguimiento y vigencia

Se prevé que las áreas no sujetas a cálculo de UAF por inviabilidad productiva o económica sean evaluadas para su posible adjudicación bajo regímenes excepcionales, conforme a la normativa vigente. También se establece que los entes territoriales deben acoger las recomendaciones de los documentos técnicos que acompañan el Acuerdo, en línea con los principios de coordinación y subsidiariedad. Finalmente, el proyecto indica que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial y que derogará disposiciones anteriores relativas a la materia, actualizando el marco normativo para la adjudicación de tierras rurales en los municipios contemplados. Este proyecto de Acuerdo representa un paso importante en la regulación técnica y social de la propiedad rural en Colombia, con miras a fortalecer el desarrollo rural sostenible y la equidad en el campo, promoviendo así un mejor futuro para las comunidades campesinas y rurales del país.