Contexto y propósito del Decreto 1311 de 2025
El Decreto 1311 de 2025, emitido por el Ministerio de Igualdad y Equidad y publicado en el Diario Oficial No. 53.324 el 4 de diciembre de 2025, responde a la necesidad de consolidar un marco institucional que garantice los derechos de la población LGBTIQ+ en Colombia. Fundamentado en la Constitución Política, especialmente en sus artículos 2 y 13, y en el marco legal de la Ley 2294 de 2023 y la Ley 2281 de 2023, el decreto busca fortalecer el compromiso estatal con la igualdad, la no discriminación y la protección de grupos históricamente marginados.
Este decreto reconoce a la población LGBTIQ+ como actor diferencial para el cambio social y establece un sistema para coordinar políticas públicas que respondan a sus necesidades específicas, en concordancia con la Política Pública Nacional LGBTIQ+ y su plan de acción.
Medidas y disposiciones principales
El decreto crea el
Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+, definido como un conjunto de agentes, instancias de coordinación, instrumentos y procesos destinados a garantizar el goce efectivo de los derechos de esta población, con énfasis en la prevención y atención de actos de discriminación y violencia.
Este sistema estará coordinado por el Ministerio de Igualdad y Equidad e incluirá dos instancias principales:
- Comisión Intersectorial de la Política Pública Nacional LGBTIQ+: órgano encargado de coordinar y orientar la política pública, integrado por delegados de diversos ministerios y departamentos administrativos del orden nacional.
- Comité Técnico LGBTIQ+: instancia técnica que brindará soporte para la implementación de acciones, con participación de expertos, representantes sociales y entidades públicas.
Además, se crea el
Observatorio de Derechos de la Población LGBTIQ+, para sistematizar y analizar información estratégica sobre el acceso y protección de derechos, y se establece el mecanismo de información denominado
Salvia, que funcionará como registro centralizado de casos de violencia basada en género y discriminación hacia esta población.
Ámbito de aplicación y actores involucrados
El decreto tiene alcance nacional y afecta a entidades del orden nacional, funcionarios públicos y a la población LGBTIQ+ en todo el territorio colombiano. Las entidades gubernamentales deberán coordinar sus esfuerzos en el marco del sistema para garantizar la protección efectiva de los derechos de esta población.
Se prevé la participación activa de diversas carteras ministeriales, incluyendo Interior, Justicia, Salud, Trabajo, Educación, Cultura, así como departamentos administrativos vinculados a la planeación y la prosperidad social, entre otros.
Excepciones y aspectos adicionales
El decreto deroga la Sección 2 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, eliminando disposiciones anteriores que resultaban contrarias a esta nueva organización.
Asimismo, establece que los recursos para la operatividad del sistema provendrán de los presupuestos asignados a las entidades que conforman las instancias creadas, respetando los marcos fiscales vigentes.
Invitación a la participación y base legal
Se hace un llamado a las entidades públicas, organizaciones sociales, academia y a la ciudadanía en general a participar y articular esfuerzos para hacer efectivos los derechos de la población LGBTIQ+, en un marco de respeto, igualdad y dignidad humana.
La expedición del decreto se fundamenta en facultades constitucionales y legales, entre ellas el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, los artículos 43 y 45 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 116 de la Ley 2294 de 2023.
Entrada en vigencia
El Decreto 1311 de 2025 entró en vigencia a partir de su publicación el 4 de diciembre de 2025, marcando un avance institucional significativo en la garantía de derechos para la población LGBTIQ+ en Colombia.
Con esta iniciativa, el Ministerio de Igualdad y Equidad ratifica su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad, contribuyendo a la consolidación de un Estado social de derecho que protege y promueve los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna.
