Contexto y finalidad del proyecto de decreto

El proyecto de decreto, anunciado en octubre de 2025 por el Ministerio del Trabajo, tendría como propósito principal reglamentar la protección social integral para los recicladores de oficio, un grupo históricamente vulnerable y reconocido constitucionalmente como sujeto de especial protección. La iniciativa buscaría garantizar el acceso efectivo a la seguridad social, incluyendo salud, pensiones y riesgos laborales, a través de la creación de una Red de Protección Social para la Vida. Este proyecto modificaría y complementaría normativas previas, como el Decreto 1077 de 2015, que establece obligaciones para municipios y distritos en relación con el censo y carnetización de recicladores, y el Decreto 1381 de 2024, que define la actividad de reciclaje de oficio. Asimismo, armonizaría sus disposiciones con políticas recientes como el Programa Basura Cero y la Política Pública de Trabajo Digno y Decente.

Modificaciones y medidas propuestas

El proyecto establecería que los recicladores de oficio con ingresos de hasta un salario mínimo mensual legal vigente conservarían su afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) o serían afiliados prioritariamente a dicho régimen si aún no cuentan con aseguramiento. En materia pensional, se facilitaría el acceso a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) o al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP), según corresponda a la situación del reciclador, permitiendo una protección económica en la vejez mediante estos mecanismos complementarios y no concurrentes. Respecto a riesgos laborales, las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) o sus equivalentes tendrían la responsabilidad de afiliar a los recicladores al Sistema General de Riesgos Laborales y asumir el pago de aportes, basados en un salario mínimo mensual legal vigente. La base de cotización y la clase de riesgo se definirían conforme a la actividad realizada. Además, se promovería la inclusión de los recicladores en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El financiamiento de estos aportes estaría asociado a recursos provenientes de las tarifas de aprovechamiento y actividades comerciales de las ORO, con regulación tarifaria a cargo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). El decreto también plantearía procedimientos para el cese voluntario de la actividad de reciclaje, estableciendo mecanismos para la actualización registral y el mantenimiento o traslado en los sistemas de protección social.

Actores clave en la implementación y supervisión

El proyecto involucraría a diversas entidades, incluyendo las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO), las entidades territoriales municipales y distritales responsables del censo y registro de recicladores, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Este último tendría la función de inscribir a recicladores mayores en el Programa de Protección Social al Adulto Mayor (Colombia Mayor) o su equivalente, facilitando la priorización en la protección social de esta población. Además, el Ministerio de Salud y Protección Social sería responsable de reglamentar los instrumentos para la afiliación, reporte de novedades y recaudo de aportes a la seguridad social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Acceso al proyecto y participación ciudadana

Al tratarse de un proyecto de decreto, se anticiparía que la ciudadanía y los actores interesados podrían acceder al texto completo a través de los canales oficiales del Ministerio del Trabajo. Se esperaría la apertura de un periodo para comentarios y participación ciudadana, con fechas y medios que serían publicados oportunamente para garantizar la inclusión de diferentes sectores en el proceso de elaboración normativa.

Disposiciones generales y vigencia

El proyecto definiría el objeto, ámbito de aplicación y conceptos clave para la implementación de la red de protección social. Establecería que la norma regiría a partir del 1 de enero de 2026 y derogaría disposiciones contrarias. En conclusión, esta iniciativa normativa buscaría avanzar en la formalización, dignificación y protección social integral de las personas recicladoras de oficio, alineándose con mandatos constitucionales y recomendaciones internacionales sobre derechos laborales y protección social para poblaciones vulnerables. Así, se espera que la implementación de esta red de protección social contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los recicladores, promoviendo su inclusión y bienestar en la sociedad colombiana.