Auditoría General de la República adopta nueva Política de Prevención del Daño Antijurídico 2026-2027
Auditoría General de la República adopta nueva Política de Prevención del Daño Antijurídico 2026-2027
Proviene de: Resoluciones
21 de enero de 2026 16:20:24
Entidad emisora y base legal de la resolución
La Resolución Orgánica 001 de 2026 fue emitida por la Auditoría General de la República y publicada en el Diario Oficial No. 53.373 el 20 de enero de 2026. Se fundamenta principalmente en los artículos 90, 209 y 274 de la Constitución Política, así como en los numerales 1, 13, 14 y 16 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000. Además, toma en cuenta las disposiciones de la Ley 2220 de 2022 sobre conciliación y los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, establecidos en la Circular Externa 07 de 2025.
Objeto y destinatarios de la resolución
El tema central de esta resolución es la adopción e implementación de una política institucional orientada a la prevención del daño antijurídico dentro de la Auditoría General de la República. La política está dirigida a todos los funcionarios y órganos internos de la entidad, en especial al Comité de Conciliación, que tiene a su cargo la formulación y ejecución de estas políticas. Este grupo es relevante porque actúa como instancia administrativa encargada de analizar y prevenir situaciones que puedan derivar en responsabilidades patrimoniales o demandas judiciales contra la entidad.
Objetivo y finalidad de la política adoptada
El principal objetivo de la Política de Prevención del Daño Antijurídico es prevenir situaciones que puedan dar lugar a reclamaciones judiciales o demandas contra la Auditoría General de la República, promoviendo una gestión pública eficiente, transparente y ajustada a los principios constitucionales de moralidad, igualdad, economía y eficacia. La política busca fortalecer el control interno y los mecanismos administrativos para identificar, analizar y mitigar riesgos asociados al daño antijurídico.
Decisiones y regulaciones clave contenidas en la resolución
La resolución dispone la adopción e implementación de la política para la vigencia 2026-2027, la cual se incorpora como parte integral del documento. Además, ordena su publicación en la página web oficial de la Auditoría General de la República para garantizar su difusión y acceso público. Se indica que la resolución entra en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga expresamente la Resolución Orgánica 007 de 2024, que contenía normas contradictorias o anteriores sobre la materia.
Impacto potencial y relevancia institucional
Esta medida institucional refuerza la autonomía administrativa de la Auditoría General de la República al establecer un marco claro para la prevención del daño antijurídico, en cumplimiento con la Constitución y la normativa vigente. Al implementar esta política, la entidad busca mejorar la gestión fiscal, evitar perjuicios patrimoniales al Estado y proteger los intereses públicos mediante mecanismos proactivos de control y conciliación. La articulación con el Comité de Conciliación y la observancia de los lineamientos nacionales evidencian una apuesta por la eficiencia y la responsabilidad en la administración pública.
Plazos y vigencia
La política adoptada tendrá vigencia para los años 2026 y 2027, con posibilidad de seguimiento y ajustes conforme a la evaluación de resultados durante este período. La resolución establece que la aplicación inicia desde la fecha de publicación oficial, asegurando un marco temporal claro para su implementación.
En conclusión, la Resolución Orgánica 001 de 2026 representa un avance significativo en la consolidación de políticas preventivas dentro de la Auditoría General de la República, alineadas con las exigencias legales y constitucionales para la protección del patrimonio público y la transparencia administrativa. Con esta iniciativa, la entidad reafirma su compromiso con una gestión pública eficiente, responsable y orientada a minimizar riesgos jurídicos que puedan afectar sus finanzas y su reputación institucional.
Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico. Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.