Providencia judicial y tribunal competente

La providencia corresponde a una sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la Sala Cuarta de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en segunda instancia dentro de un proceso ordinario laboral. La sentencia confirma la decisión inicial del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, emitida el 6 de noviembre de 2024.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso judicial fue iniciado por el cónyuge supérstite de una trabajadora que laboró para la Secretaría de Obras Públicas del Departamento del Huila desde el 27 de julio de 1977 hasta el 30 de julio de 1991. La demanda solicitaba el reconocimiento y pago de la pensión sanción o indemnización por despido injusto, argumentando que la relación laboral terminó sin justa causa. Sin embargo, la entidad demandada sustentó la terminación contractual en un mutuo acuerdo a través de un plan de retiro voluntario pactado en el marco de la vigésima tercera convención colectiva de trabajo, que establecía la opción para que los trabajadores cesaran voluntariamente a cambio de indemnización y bonificaciones. El acta de conciliación firmada por las partes respaldó esta versión. El juzgado de primera instancia negó las pretensiones, argumentando que no se configuraba un despido injustificado sino una terminación negociada y voluntaria, y que por tanto no procedía la pensión sanción prevista en la Ley 171 de 1961. El demandante apeló esta decisión, alegando que sí cumplía con los requisitos para acceder a la pensión.

Consideraciones y fundamentos de la decisión

El tribunal de segunda instancia analizó los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión sanción, contenidos en el artículo 8° de la Ley 171 de 1961. Esta norma establece que para acceder a esta pensión el trabajador debe haber sido despedido sin justa causa después de haber prestado servicios entre 10 y 15 años para la misma empresa o entidad pública. En el caso concreto, la Sala constató que la trabajadora acumuló más de 14 años de servicio, cumplía con el tiempo requerido, pero no fue despedida sin justa causa. La terminación del contrato se efectuó mediante un plan de retiro voluntario aprobado por las partes, lo cual fue ratificado por el acta conciliatoria y la convención colectiva vigente en ese momento. Adicionalmente, el tribunal revisó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que ha señalado que los planes de retiro voluntarios, siempre que no afecten derechos fundamentales ni estén viciados, constituyen una forma legítima y válida de finalizar la relación laboral. No se acreditaron vicios en el consentimiento ni pruebas que invalidaran el acuerdo conciliatorio. Por lo tanto, el tribunal concluyó que no se cumplen los presupuestos para la pensión sanción y confirmó la sentencia inicial que negó las pretensiones del demandante.

Decisión y costas

En sentencia definitiva, el Tribunal Superior de Neiva confirmó la decisión del juzgado de primera instancia, rechazando la demanda y ordenando condena en costas a la parte demandante conforme al artículo 365 del Código General del Proceso, dada la improcedencia del recurso de apelación. Con esta decisión se reafirma la validez jurídica de los acuerdos voluntarios de terminación laboral concertados bajo convenciones colectivas, y se delimita con claridad el alcance de la pensión sanción, restringiéndola a escenarios de despido sin justa causa y no a retiros voluntarios pactados. Esta providencia aporta claridad jurisprudencial sobre la interpretación de las causales de terminación laboral y la procedencia de prestaciones económicas en el ámbito del derecho laboral público en Colombia, consolidando criterios que fortalecen la seguridad jurídica tanto para empleadores como para trabajadores y sus beneficiarios.