Entidad emisora y contexto normativo

La Resolución 0-0110, emitida el 27 de abril de 2026 por la Fiscalía General de la Nación, responde a las facultades constitucionales y legales conferidas por los artículos 250 y 251 de la Constitución Política, el Decreto Ley 016 de 2014 y la Ley 906 de 2004, entre otras normativas. Su fundamento legal destaca el mandato institucional de adelantar la acción penal e investigar hechos delictivos, especialmente aquellos relacionados con la corrupción en el sistema judicial.

Tema principal y destinatarios

El núcleo de esta resolución es la adscripción funcional de las Fiscalías Delegadas ante los Tribunales Superiores de las Direcciones Seccionales a la Dirección Especializada contra la Corrupción, órgano dependiente de la Delegada contra la Criminalidad Organizada. El destinatario principal son los fiscales delegados ante los tribunales, quienes desarrollan procesos por delitos vinculados a la corrupción en la administración de justicia.

Objetivo y finalidad de la resolución

La resolución tiene como finalidad central mejorar la gestión investigativa y procesal en casos de corrupción judicial, logrando una mayor concentración y especialización en la Dirección Especializada contra la Corrupción. Esto se busca mediante la modificación de la dependencia funcional de las Fiscalías Delegadas, sin alterar su ubicación física, carga laboral ni condiciones administrativas.

Decisiones y regulaciones clave

Con esta normativa, se suprimen las Unidades de Fiscalías Delegadas ante los Tribunales de las Direcciones Seccionales y se adscriben sus fiscales a la Dirección Especializada contra la Corrupción. Se establece que:

• Los fiscales continuarán en sus sedes actuales, sin traslados físicos.
• La carga laboral se mantendrá, con reparto equitativo de investigaciones relacionadas con corrupción.
• Las investigaciones y procesos activos e inactivos registrados en los sistemas oficiales pasarán automáticamente a los nuevos despachos adscritos.
• Los fiscales en comisión de otras direcciones retornarán a sus dependencias de origen y no serán adscritos a esta Dirección.
• La Directora de la Dirección Especializada contra la Corrupción queda facultada para asignar números y realizar ajustes administrativos internos para optimizar el funcionamiento.

Base legal y modificaciones normativas

La resolución se sustenta en diversas disposiciones legales, incluyendo los artículos 250 y 251 de la Constitución Política, la Ley 906 de 2004 y el Decreto Ley 016 de 2014, que regulan la organización y función de la Fiscalía General. Además, modifica la dependencia funcional establecida en la Resolución 0-0985 de 2018, ajustando la estructura interna para una mejor articulación en la lucha contra la corrupción judicial.

Plazos y vigencia

La resolución entra en vigencia a partir de su expedición, el 27 de abril de 2026, y deroga cualquier disposición contraria. No se establecen plazos específicos para procesos o actuaciones, ya que el cambio es de dependencia funcional y administrativa.

Impacto potencial

Esta reorganización implica un avance en la especialización y concentración de esfuerzos contra la corrupción en el ámbito judicial. Al unificar las Fiscalías Delegadas ante los Tribunales bajo una sola Dirección especializada, se espera mejorar la coordinación, eficiencia y eficacia en la investigación y persecución penal de estos delitos, contribuyendo así a fortalecer la integridad y confianza en el sistema de justicia. En suma, la resolución representa una medida institucional clave para optimizar el combate a la corrupción en la administración de justicia, mediante una reestructuración funcional que no afecta las condiciones laborales ni la ubicación física del personal, sino que busca fortalecer la gestión investigativa y procesal en esta materia, consolidando esfuerzos y recursos para enfrentar de manera más efectiva los delitos que afectan la integridad del sistema judicial.