Contexto y referencia normativa

El proyecto de decreto, anunciado en mayo de 2026 por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, modificaría el artículo 2.18.1.8 del Título 1 de la Parte 18 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Dicha norma reglamenta las garantías otorgadas para bonos hipotecarios que financian cartera hipotecaria, leasing habitacional y títulos emitidos en procesos de titularización en Colombia. La modificación se daría en continuidad con lo establecido por el Decreto 347 de 2023.

Tema principal y propósito del proyecto

El proyecto buscaría extender la vigencia de la competencia del Fondo Nacional de Garantías (FNG) para emitir garantías a bonos hipotecarios y títulos de titularización relacionados con vivienda. Originalmente, esta competencia tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, pero debido a la disponibilidad de recursos y al impacto positivo que ha tenido este instrumento en la financiación a largo plazo de vivienda, se propondría ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2030. El objetivo principal sería seguir promoviendo el acceso a vivienda digna mediante la movilización de recursos financieros a largo plazo para los establecimientos de crédito.

Modificaciones y medidas específicas planteadas

El proyecto modificaría el artículo 2.18.1.8 del Decreto 1068 de 2015 para establecer que la Nación, a través del FNG, otorgaría garantías para bonos hipotecarios y títulos emitidos en procesos de titularización originados por establecimientos de crédito, desde la fecha de expedición del decreto y hasta el 31 de diciembre de 2030, sujeto a la disponibilidad de recursos asignados para tal fin. Además, se establecería que las entidades originadoras de créditos hipotecarios y leasing habitacional que usen este mecanismo de garantía deberán destinar los recursos obtenidos exclusivamente a la financiación de vivienda, en línea con la política pública nacional en la materia.

Acciones y disposiciones del proyecto

Entre las disposiciones, se mantendrían sin cambios los requisitos y condiciones vigentes para el otorgamiento de garantías. La ampliación del plazo permitiría al FNG continuar gestionando y administrando estas garantías, facilitando la emisión de bonos hipotecarios que dinamizan el fondeo de los establecimientos de crédito para la vivienda. El proyecto también reconocería la importancia de la política pública que respalda estas garantías, la cual ha permitido hasta la fecha la realización de varias emisiones de bonos hipotecarios con montos significativos garantizados, contribuyendo a la financiación de la vivienda en Colombia.

Participación de actores clave

El Fondo Nacional de Garantías (FNG) sería el encargado de administrar y otorgar estas garantías a nombre de la Nación. Los establecimientos de crédito que originan la cartera hipotecaria y de leasing habitacional participarían activamente en la utilización de este instrumento para obtener recursos destinados a la financiación de vivienda. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público supervisaría y coordinaría la implementación del decreto, asegurando la alineación con las políticas públicas vigentes. Asimismo, la Superintendencia Financiera de Colombia podría participar en la regulación y control de las emisiones de bonos hipotecarios.

Información adicional y participación ciudadana

Al tratarse de un proyecto de decreto, la ciudadanía podría acceder al texto completo mediante los canales oficiales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se esperaría que se habilitara un periodo para recibir comentarios, observaciones o aportes de interesados y grupos de interés, con el fin de enriquecer el proceso de elaboración normativa. Detalles sobre fechas y medios para la participación podrían ser publicados próximamente por la entidad emisora. De esta manera, el proyecto busca consolidar un marco normativo que garantice la continuidad de un mecanismo fundamental para la financiación de vivienda en Colombia, contribuyendo a la estabilidad y el crecimiento del mercado hipotecario y, en última instancia, al bienestar de la población mediante el acceso a vivienda digna.