Contexto y referencia normativa
El Ministerio de Educación Nacional habría anunciado, en 2025, el proyecto de decreto que adicionaría la Sección 10 al Capítulo 5, Título 3, Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 —único reglamentario del sector educación—. Este proyecto buscaría reglamentar las residencias escolares, estrategia dirigida a estudiantes que habitan en zonas rurales con dificultades de movilidad, para facilitar su acceso y permanencia en el sistema educativo oficial del país.
El proyecto se fundamentaría en diversas disposiciones constitucionales y legales, incluyendo el artículo 67 de la Constitución Política, la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001, y la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), que establecen responsabilidades del Estado, la sociedad y la familia para garantizar la educación y proteger los derechos de la infancia y adolescencia.
Tema y propósito del proyecto
El propósito principal del proyecto sería establecer un marco normativo claro para el funcionamiento de las residencias escolares dentro de los establecimientos educativos oficiales. Estas residencias funcionarían como una estrategia subsidiaria para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes que residen en zonas rurales donde las condiciones de movilidad son complejas —por ejemplo, desplazamientos superiores a cuatro horas o falta de transporte público diario— y donde no es posible implementar otras estrategias de acceso y permanencia escolar.
La iniciativa buscaría asegurar condiciones de calidad en la atención integral de los estudiantes residentes, incluyendo alojamiento, alimentación, acompañamiento, cuidado y desarrollo integral, con énfasis en la protección de sus derechos y el fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios.
Modificaciones y regulaciones propuestas
El proyecto introduciría disposiciones detalladas sobre:
- Los requisitos para la creación, autorización y supresión de las residencias escolares, incluyendo estudios técnicos y financieros previos.
- Condiciones específicas de infraestructura y dotación para los edificios de residencia escolar, con espacios para dormitorios, zonas de estudio, cocina, comedor, áreas recreativas y de bienestar, entre otros.
- Servicios de acompañamiento, cuidado y atención integral que deben garantizar las entidades territoriales certificadas en educación, con personal capacitado y sin inhabilidades legales para trabajar con menores.
- El aseguramiento de una alimentación completa y culturalmente pertinente, elaborada bajo lineamientos técnicos de nutrición.
- La inclusión de la estrategia de residencia escolar en el Proyecto Educativo Institucional de cada establecimiento, con acciones pedagógicas, culturales y de convivencia escolar adaptadas.
- La creación de Comités de Residencia Escolar para el seguimiento y evaluación de la estrategia, conformados por directivos, docentes, estudiantes residentes y representantes de familias.
- Disposiciones para garantizar la seguridad, bienestar y salud de los estudiantes, incluyendo afiliación al sistema de salud y planes de gestión integral de riesgos escolares.
- Establecimiento de criterios para el acceso, permanencia y retiro de estudiantes, con énfasis en la edad mínima, residencia en zonas rurales de compleja movilidad, matrícula en el sistema oficial y consentimiento informado de padres o acudientes.
Acciones y disposiciones específicas
Las entidades territoriales certificadas en educación tendrían la responsabilidad de organizar, autorizar, financiar, monitorear y evaluar la implementación de la estrategia, así como de garantizar los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para su operación sostenible. También deberían elaborar planes graduales para la reorganización y cualificación de las residencias escolares conforme a los nuevos lineamientos.
El Ministerio de Educación Nacional tendría funciones de formulación de políticas, emisión de lineamientos técnicos y operativos, asistencia técnica, seguimiento y evaluación, así como de promoción de la articulación interinstitucional y gestión de recursos adicionales para la financiación.
Los establecimientos educativos deberían administrar la estrategia, integrar la residencia escolar en su proyecto institucional, y garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia, seguridad y bienestar.
Participación de actores clave
El proyecto implicaría la coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional, las entidades territoriales certificadas y no certificadas en educación, los establecimientos educativos oficiales, las familias y los estudiantes residentes. Se promovería la corresponsabilidad entre Estado, sociedad y familia para garantizar el desarrollo integral y el ejercicio pleno de derechos de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios.
Asimismo, se contemplaría la posibilidad de utilizar figuras como las Asociaciones Público Populares y otros instrumentos contractuales para fortalecer la economía popular y comunitaria en la implementación de la estrategia.
Información adicional y participación ciudadana
El proyecto habría sido sometido a múltiples procesos de socialización y consulta pública entre 2018 y 2025, permitiendo así la participación ciudadana mediante observaciones y comentarios. Se espera que el texto completo esté disponible para consulta pública a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación Nacional, donde se podrían aportar opiniones dentro de los plazos establecidos.
