Providencia del Consejo de Estado en segunda instancia

La providencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, en Bogotá, en segunda instancia procesal. Se trata de un auto interlocutorio dictado el 29 de mayo de 2026 en el marco de un medio de control de nulidad promovido por un municipio contra una resolución expedida por el Ministerio de Transporte.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso cuestiona la legalidad de los artículos 2° y 3° de la Resolución 2395 de 2009, la cual fija tarifas y derechos relacionados con el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y servicios a cargo del Ministerio de Transporte. La parte demandante alega que estos preceptos contravienen diversos artículos constitucionales y legales, incluyendo normas tributarias y principios constitucionales como la motivación y la ausencia de desviación de poder. Además, se denuncian causales de nulidad por falsa motivación y desviación de poder. En el procedimiento, el Ministerio de Transporte no contestó la demanda dentro del término legal, por lo que no se surtieron algunos trámites procesales habituales. La parte demandante solicitó pruebas documentales adicionales mediante exhortos para sustentar su posición.

Consideraciones y fundamentos jurídicos

El Consejo de Estado fundamentó su decisión en el artículo 182A del CPACA, incorporado por la Ley 2080 de 2021, que permite dictar sentencia anticipada y prescindir de la audiencia inicial cuando se trate de asuntos de puro derecho, no existan pruebas por practicar o las solicitadas sean exclusivamente documentales ya aportadas con la demanda y la contestación, sin tachas ni desconocimientos. Dado que la controversia versaba exclusivamente sobre la legalidad del...