Contexto y naturaleza de la decisión

La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, profirió una sentencia el 27 de abril de 2026, en la que resolvió la impugnación interpuesta contra la decisión de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La acción de tutela fue presentada en representación de menores de edad, solicitando la protección de derechos fundamentales relacionados con la participación en un proceso judicial de liquidación de sociedad conyugal.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante solicitó su vinculación como interviniente en el proceso de liquidación, argumentando un interés directo derivado de una unión estable y permanente con uno de los involucrados en dicho trámite. Presentó la documentación que acreditaba esta calidad, incluyendo escritura pública, y expresó su intención de participar en audiencias relacionadas con inventarios y avalúos. Sin embargo, el juzgado de familia a cargo del caso negó su ingreso a una audiencia sin dar explicación alguna. Posteriormente, el juzgado requirió que la solicitante acreditara su calidad de compañera permanente, lo cual fue cumplido con la presentación de la escritura pública. No obstante, la autoridad judicial negó su vinculación al proceso mediante auto, basándose en la falta de legitimación para intervenir en el trámite. La Sala de Familia del Tribunal Superior negó el amparo en primera instancia, señalando que no existió mora judicial ya que la solicitud de vinculación fue resuelta conforme a los tiempos procesales. Además, se indicó que la audiencia programada fue suspendida para explorar conciliación, y que la vinculación fue negada formalmente mediante auto.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema

La Corte Suprema analizó los argumentos de la impugnación y ratificó la improcedencia del amparo por dos razones principales:

• Carencia actual de objeto por hecho superado: La solicitud de tutela se promovió debido a la presunta omisión del juzgado para resolver la vinculación. Sin embargo, durante el trámite de tutela, dicha petición fue resuelta mediante auto, lo que eliminó la omisión alegada y la necesidad de una orden judicial al respecto.
• Inobservancia del requisito de subsidiariedad: La accionante no agotó los mecanismos ordinarios para impugnar la actuación judicial, como la solicitud de nulidad ante el juez natural. La acción de tutela, siendo un mecanismo excepcional y subsidiario, requiere que no existan otros medios para proteger los derechos fundamentales.

Además, la Corte resaltó que los nuevos argumentos presentados en la impugnación, relacionados con la calidad de compañera permanente y la viabilidad de vinculación, no fueron objeto de control constitucional en primera instancia y su análisis en esta etapa vulneraría el derecho de defensa y el debido proceso de los demás intervinientes.

Decisión

En consecuencia, la Corte Suprema confirmó la sentencia que negó el amparo solicitado. La decisión subraya la importancia de respetar los procedimientos ordinarios antes de acudir a mecanismos constitucionales, así como la necesidad de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso en los procedimientos judiciales familiares. La sentencia fue comunicada a los interesados y el expediente remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta providencia se emite en dos versiones para proteger la intimidad de los menores involucrados, manteniendo la confidencialidad de sus datos personales en la versión pública. --- Esta decisión representa una reafirmación del carácter subsidiario y excepcional de la acción de tutela en Colombia, especialmente en procesos judiciales complejos que involucran derechos fundamentales de terceros y menores de edad, y pone de relieve la importancia de agotar los mecanismos judiciales ordinarios antes de recurrir a acciones constitucionales.