Propósito general y objetivo principal del proyecto de resolución
El proyecto de resolución tiene por objeto adoptar el ICP-PTV, que consiste en un instrumento técnico y multidimensional diseñado para priorizar territorios en función del déficit físico de infraestructura y la situación de vulnerabilidad de la población víctima del conflicto armado. Esta herramienta permitirá al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estructurar y priorizar proyectos para la ejecución de recursos públicos, garantizando un enfoque equitativo, humanitario y sostenible.
Nuevas disposiciones y metodología del Índice
El ICP-PTV integra tres macro-dimensiones interrelacionadas para evaluar la necesidad y urgencia de intervención en cada municipio, distrito o área no municipalizada del país:
- Brecha Sectorial (BS): Mide el déficit físico en cobertura de hábitat, agua potable y saneamiento básico, dividido en subíndices específicos para agua y saneamiento básico (BS-APSB) y vivienda y mejoramiento habitacional (BS-VH).
- Concentración y Vulnerabilidad de Víctimas (CVV): Evalúa la densidad poblacional de víctimas, la superación o no de su situación de vulnerabilidad mediante indicadores de goce efectivo de derechos, y el contexto humanitario relacionado con planes de retorno y reubicación.
- Persistencia y Dinámica del Conflicto (PDC): Analiza la continuidad y gravedad del conflicto armado en el territorio, a través de indicadores como el Índice de Incidencia del Conflicto Armado y las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Estos componentes se combinan mediante una función semicompensatoria que asegura que la priorización considere simultáneamente la carencia de infraestructura, la presencia de víctimas y la persistencia del conflicto, evitando que un solo factor predomine indebidamente.
Para la normalización y cálculo del índice, se emplean diversas fuentes oficiales como el Registro Único de Víctimas (RUV), el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Instituto Nacional de Salud, entre otros.
Medidas específicas de focalización y micro-focalización
El proyecto prevé un segundo nivel de priorización, conocido como micro-focalización, que consiste en un baremo técnico para ordenar a los hogares postulantes dentro de los municipios priorizados. Este baremo considera variables socioeconómicas, demográficas y habitacionales con criterios específicos, incluyendo:
- Condición de víctima registrada en el RUV.
- Enfoques de género y étnico.
- Presencia de miembros en situación de discapacidad, adultos mayores o niños pequeños.
- Déficit físico intradomiciliario en agua, saneamiento y materiales.
- Condiciones de hacinamiento.
Este ordenamiento técnico tiene carácter referencial y no constituye asignación automática de beneficios ni canal alternativo de acceso a programas.
Impacto esperado y alcance potencial
El uso del ICP-PTV permitirá una asignación más eficiente y equitativa de los recursos públicos orientados a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, al focalizar las inversiones en los territorios con mayor necesidad y urgencia. Además, al integrar variables de conflicto activo y vulnerabilidad social, el instrumento contribuye a la construcción de paz territorial y a la prevención de nuevas violencias.
Este índice busca superar las prácticas tradicionales de distribución de recursos basadas únicamente en déficits cuantitativos, incorporando la dimensión social y humanitaria para garantizar que la inversión pública responda a los mandatos constitucionales y legales en materia de reparación y derechos humanos.
Participación de actores clave y coordinación institucional
El diseño y aplicación del ICP-PTV involucra múltiples entidades y sistemas de información oficiales, tales como:
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, responsable de la formulación, estructuración y priorización de proyectos.
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), que aporta información sobre la población víctima y el goce efectivo de derechos.
- Departamento Nacional de Planeación (DNP), encargado de indicadores de conflicto y gestión de inversión pública.
- Defensoría del Pueblo, que suministra alertas tempranas sobre riesgos de violaciones de derechos humanos.
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios e Instituto Nacional de Salud, que proporcionan datos sobre la calidad y cobertura de servicios públicos.
Asimismo, el proyecto contempla la coordinación con entidades territoriales para la focalización y ejecución de proyectos, incluyendo la posibilidad de apalancar recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET).
Monitoreo, seguimiento y evaluación
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio implementará sistemas de monitoreo y seguimiento para evaluar el impacto del índice en la toma de decisiones y la efectividad de las inversiones. Esto incluye la medición de mejoras en el goce efectivo de derechos de las víctimas, así como la superación de situaciones de vulnerabilidad.
Además, se establece que el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) colaborará en la fase de seguimiento, sin intervenir en el cálculo del índice, para garantizar transparencia y trazabilidad en la ejecución de proyectos.
