Naturaleza de la providencia y tribunal

LA sentencia fue proveída por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la jurisdicción constitucional en segunda instancia, mediante el trámite de acción de tutela.

Sentido de la decisión

• Se confirma la sentencia de 18 de marzo de 2026 que negó el amparo solicitado en tutela.
• Se ordena la notificación de la decisión a los interesados.
• Se remite el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Razón principal de la decisión

El tribunal concluyó que no existe nulidad constitucional ni vulneración del derecho al debido proceso en la providencia cuestionada. La Sala verificó que la parte accionante solo cuestionó la procedencia de la sentencia anticipada dictada por el juez de primera instancia, sin acreditar la existencia de pruebas ilícitas o la afectación de garantías supralegales que justificarían la nulidad. Por lo tanto, la controversia debe ser resuelta mediante los recursos ordinarios previstos en la legislación procesal civil y no a través de la acción de tutela.

Antecedentes fácticos y procesales

Se originó un proceso verbal por responsabilidad civil derivado de un accidente de tránsito, en el cual un juzgado de circuito declaró responsables a varias partes y fijó indemnizaciones solidarias, limitando la responsabilidad de una aseguradora hasta el monto de la póliza. El tribunal de segunda instancia confirmó parcialmente la sentencia, modificando la proporción de responsabilidad y reduciendo las indemnizaciones. Posteriormente, la aseguradora fue demandada en proceso ejecutivo para exigir el pago amparado en la póliza de seguro. El juzgado de primera instancia negó las pretensiones mediante sentencia anticipada, con base en la inexistencia de título ejecutivo por incumplimiento de requisitos legales. La parte demandante solicitó la nulidad de dicha sentencia, petición que fue negada tanto en primera instancia como en apelación. La accionante presentó acción de tutela alegando vulneración del derecho al debido proceso por la presunta omisión de practicar un interrogatorio de parte antes de dictar sentencia anticipada. Sostuvo que esta omisión afectó la confianza legítima y buena fe procesal.

Efectos jurídicos de la decisión

La confirmación del auto implica que las providencias cuestionadas continúan vigentes y vinculantes para las partes en el proceso ejecutivo. Además, la decisión establece que las controversias relativas a la procedencia de la sentencia anticipada deben ventilarse por las vías ordinarias y no a través de la acción de tutela, restringiendo la intervención constitucional en esta clase de casos. Finalmente, la remisión del expediente a la Corte Constitucional posibilita un eventual análisis adicional sobre la cuestión constitucional planteada, sin que ello afecte la firmeza del auto confirmado.