Naturaleza de la providencia y competencia

La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió un recurso de apelación interpuesto contra un Auto interlocutorio proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali, que rechazó una demanda de reparación directa. La apelación fue presentada por la entidad estatal actora y la Sala declaró procedente el recurso en virtud de lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Sentido de la decisión

• Confirmar el Auto del 20 de enero de 2026 que rechazó la demanda por caducidad.
• Ordenar la devolución del expediente al despacho de origen una vez ejecutoriada la providencia.

Razón principal de la decisión

La Sala concluyó que la demanda fue presentada fuera del término legal previsto para el medio de control de reparación directa. De acuerdo con el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, la demanda debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho dañoso o desde que el demandante tuvo conocimiento del daño. En el caso concreto, la entidad demandante tuvo conocimiento del presunto daño el 30 de noviembre de 2016, pero la demanda se presentó el 12 de septiembre de 2025, es decir, aproximadamente nueve años después, superando ampliamente el plazo de caducidad.

Antecedentes fácticos y procesales

Una entidad estatal presentó demanda de reparación directa por presunto enriquecimiento sin justa causa, alegando que se efectuaron pagos dobles por concepto de diferencias pensionales correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2013 y octubre de 2016. La demanda fue inicialmente radicada en septiembre de 2025. El juzgado de primera instancia inadmitió la demanda para que se aportaran pruebas adicionales y se acreditara la notificación a la parte demandada, lo cual fue cumplido. Posteriormente, el juzgado rechazó la demanda por caducidad, considerando que el daño se consolidó el 30 de noviembre de 2016 y, por tanto, el término de dos años para demandar venció en diciembre de 2018. La parte demandante interpuso recurso de apelación alegando que el daño fue continuado y que tuvo conocimiento del mismo hasta noviembre de 2024, tras un estudio interno, por lo que el término debía contarse desde esta última fecha.

Consideraciones y fundamentos jurídicos

La Sala hizo referencia a la doctrina del Consejo de Estado sobre la caducidad en demandas de reparación directa, destacando que:

• La caducidad es un término perentorio que extingue el derecho de acción si no se ejercita en el tiempo establecido.
• El término de dos años para demandas de reparación directa comienza a contarse desde que el demandante conoce o debió conocer el daño y su imputabilidad al Estado.
• El daño puede ser inmediato o continuado, pero para efectos de caducidad, es relevante la fecha en que el daño fue conocido o pudo ser conocido.
• La inaplicación del término de caducidad solo procede en casos en que objetivamente no se pudo ejercer la acción, como situaciones extremas.

En el caso estudiado, la Sala concluyó que el daño no fue continuado ni de tracto sucesivo, pues no se acreditó que el pago indebido se extendiera más allá de 2016. Además, la entidad tenía conocimiento suficiente para reclamar desde esa fecha. Por tanto, no correspondía computar el término de caducidad desde el estudio interno realizado en 2024.

Efectos jurídicos

La decisión confirma la extinción del derecho a reclamar por caducidad del medio de control de reparación directa, lo que implica el rechazo definitivo de la demanda. La providencia es vinculante para las partes y ordena la devolución del expediente al juzgado de origen para los trámites sucesivos.

Conclusión

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó el rechazo de la demanda por caducidad, fundamentando su decisión en la interpretación del término de dos años para interponer demandas de reparación directa, contado desde el momento en que la entidad demandante tuvo conocimiento del daño, y no desde una fecha posterior alegada. De este modo, se reafirma la importancia de respetar los términos legales para garantizar la seguridad jurídica y la adecuada administración de justicia en los procesos contencioso administrativos.