Naturaleza de la providencia y competencia

La decisión corresponde a una sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, en ejercicio de su competencia para conocer apelaciones contra sentencias de tribunales administrativos en primera instancia en procesos de pérdida de investidura.

Sentido de la decisión

• Se revoca la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila que negó la pérdida de investidura de un concejal municipal.
• Se decreta la pérdida de investidura del concejal electo para el periodo constitucional 2024-2027.
• No se condena en costas, dado que la acción de pérdida de investidura es pública y de interés general.
• Se ordena devolver el expediente al tribunal de origen una vez la providencia quede ejecutoriada.

Antecedentes fácticos y procesales

Un ciudadano solicitó la pérdida de investidura de un concejal electo, argumentando que al momento de su inscripción y elección se encontraba incurso en una inhabilidad legal, derivada de una condena con sentencia ejecutoriada a pena privativa de la libertad por el delito de lesiones personales dolosas. El concejal se opuso a la solicitud, alegando ausencia de conducta dolosa o gravemente culposa y cuestionando la aplicación de la causal de inhabilidad, así como la proporcionalidad de la sanción. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Huila negó la pérdida de investidura, sustentando que la disposición constitucional aplicable limita la inhabilidad a delitos que afectan el patrimonio del Estado, grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o narcotráfico. El demandante interpuso recurso de apelación contra esta decisión.

Razón principal de la decisión

El Consejo de Estado analizó la causal de pérdida de investidura basada en la inhabilidad prevista en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que prohíbe la inscripción y elección de quienes hayan sido condenados a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos. La Sala concluyó que:

• La condena por lesiones personales dolosas, delito doloso distinto a los exceptuados, configura la causal de inhabilidad objetiva, dado que la sentencia condenatoria se encuentra debidamente ejecutoriada.
• No existe incompatibilidad entre dicha causal legal y el artículo 122 de la Constitución Política, que permite al legislador establecer otras inhabilidades adicionales.
• La causal de inhabilidad es intemporal, es decir, no se extingue con el cumplimiento o extinción de la pena.
• Respecto al elemento subjetivo, el proceso de pérdida de investidura es sancionatorio y requiere acreditar dolo o culpa grave. En este caso, la conducta fue calificada como gravemente culposa por la falta de diligencia en verificar la existencia de la inhabilidad antes de inscribirse y ser elegido.
• La ignorancia de la ley no exime de responsabilidad, y la ausencia de formación jurídica no libera del deber de informarse y asesorarse sobre los requisitos para acceder al cargo.
• La existencia de certificados de antecedentes sin sanciones vigentes no constituye un error invencible que justifique la conducta.

Efectos jurídicos de la decisión

La providencia decreta la pérdida de investidura del concejal electo, con efecto vinculante y definitivo, ordenando la devolución del expediente al tribunal administrativo de origen para su ejecución. La decisión no impone condena en costas, al tratarse de acción pública en interés general.

Consideraciones adicionales

La Sala reiteró la autonomía de la acción de pérdida de investidura respecto de otros procesos disciplinarios o penales, destacando que cada uno tiene naturaleza, objeto y consecuencias distintas. Asimismo, señaló que la carga probatoria corresponde al solicitante de la pérdida de investidura, quien debe acreditar tanto el elemento objetivo como el subjetivo de la causal. Finalmente, el Consejo de Estado resaltó que la interpretación de las normas en materia de inhabilidades debe ajustarse a los principios constitucionales y al marco legal vigente, garantizando el debido proceso y las garantías propias de un proceso sancionatorio jurisdiccional. Esta decisión sienta un precedente importante para futuros casos relacionados con la pérdida de investidura por inhabilidades derivadas de condenas penales, reafirmando el compromiso del Estado con la transparencia y la legalidad en el ejercicio de la función pública.