Naturaleza de la providencia e instancia

El auto interlocutorio fue proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, en segunda instancia, el 27 de agosto de 2026. Se refiere a la solicitud de aclaración y adición formulada por la sociedad operadora de una planta de producción industrial en el marco de un proceso de acción popular.

Sentido de la decisión

• Denegar la solicitud de aclaración de la sentencia de 23 de abril de 2026, por no existir conceptos o frases que generen dudas en la parte resolutiva.
• Denegar la solicitud de adición a la mencionada sentencia, por no haberse omitido resolver puntos que legalmente debían ser objeto de pronunciamiento.

Razón principal de la decisión

La Sala consideró que la petición de aclaración pretendía extender el alcance de las órdenes judiciales respecto al plan de cese escalonado y reubicación de la planta, lo cual excede la finalidad de la aclaración, que es solo para resolver dudas expresas en la parte resolutiva. En cuanto a la adición, los asuntos propuestos corresponden a competencias de las autoridades locales y ambientales para definir en procesos de concertación, por lo que no procedía imponer parámetros adicionales desde la jurisdicción contencioso administrativa sin modificar el sentido del fallo.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

La acción popular fue instaurada por una veeduría ciudadana en defensa de derechos colectivos relacionados con el ambiente sano, el equilibrio ecológico y la salubridad pública. Se alegó que la empresa operadora de la planta industrial generaba contaminación atmosférica, sonora y vertimientos de aguas residuales que afectaban el medio ambiente en una zona donde la normativa municipal había restringido la actividad industrial y ordenado la reubicación de dicha planta. El Tribunal Administrativo de primera instancia negó el amparo solicitado, pero la Sala de lo Contencioso Administrativo revocó esa decisión, concluyendo que existía vulneración de derechos colectivos debido a incumplimientos en las emisiones y vertimientos, y que la actividad industrial resultaba incompatible con el uso del suelo vigente. La Sala ordenó a la empresa estructurar un plan para el cese escalonado de operaciones y traslado de la planta en un plazo improrrogable de un año, además de establecer mecanismos de seguimiento por parte del municipio y la autoridad ambiental. También ordenó iniciar las gestiones sancionatorias correspondientes por las infracciones ambientales detectadas y conformar un comité de verificación con participación de las partes involucradas. Posteriormente, la empresa solicitó aclaración para precisar los criterios técnicos y jurídicos que debía contener el plan, así como la inclusión de pautas que consideraran la complejidad de los trámites administrativos, la viabilidad financiera y la continuidad de la actividad económica. También solicitó la adición de un régimen de modulación para proteger derechos fundamentales y colectivos relacionados con la confianza legítima y el impacto socioeconómico regional.

Efectos jurídicos de la decisión

El auto deniega la ampliación de las órdenes impartidas en la sentencia, manteniendo vigente la obligación de la empresa de presentar y ejecutar un plan para el cese escalonado y traslado en el plazo de un año. Además, confirma la competencia del municipio y la autoridad ambiental para realizar el seguimiento, controlar impactos y ejercer la facultad sancionatoria derivada de las infracciones ambientales. Se mantiene la conformación del comité de verificación con la participación de la veeduría ciudadana, la empresa, el municipio, la autoridad ambiental, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la magistratura ponente. La decisión vincula a las partes mencionadas para garantizar la protección efectiva de los derechos colectivos y el ordenamiento territorial conforme a la normativa vigente, asegurando así el cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales derivadas del fallo. De esta manera, se busca preservar el equilibrio ecológico y promover la responsabilidad empresarial en el manejo sostenible de las actividades industriales dentro del marco legal establecido.