Naturaleza de la providencia y competencia

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar conoció en primera instancia una acción de tutela interpuesta contra el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar y su Centro de Servicios Administrativos. La competencia de esta Sala se estableció conforme al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1983 de 2017.

Sentido de la decisión

La Sala resolvió declarar improcedente la acción de tutela por carencia actual de objeto, debido a que la petición formulada por el accionante fue atendida durante el trámite constitucional. En consecuencia, no se ordenó ninguna medida adicional.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante presentó el 14 de mayo de 2026 una solicitud de expedición de Certificado de Paz y Salvo y Cumplimiento de Pena ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao en Bogotá. Posteriormente, el expediente fue trasladado al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, autoridad competente para la vigilancia de la pena impuesta. El accionante manifestó que, a la fecha de interposición de la acción de tutela, no había recibido respuesta a su solicitud, lo que, según planteó, vulneraba sus derechos fundamentales de petición y debido proceso. Durante el trámite de la acción, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad profirió providencia el 15 de septiembre de 2026, mediante la cual decretó la extinción de la pena, declaró la rehabilitación de derechos y funciones públicas y privadas, ordenó la devolución de la caución y dispuso la expedición de la certificación sobre el estado del proceso. Esta decisión fue notificada al accionante el 16 de septiembre de 2026, quien confirmó haber recibido la documentación solicitada.

Consideraciones centrales del tribunal

La Sala examinó los requisitos de procedencia de la acción de tutela, confirmando la legitimación activa del accionante y la legitimación pasiva de las autoridades demandadas, así como el cumplimiento del principio de inmediatez, dado que la acción fue presentada en un término razonable desde la omisión denunciada. Asimismo, se analizó el carácter subsidiario del amparo constitucional, determinando que no existía otro medio judicial eficaz para obtener una respuesta oportuna respecto a la solicitud formulada. Sin embargo, la Sala advirtió que durante el trámite de la tutela se produjo la respuesta y la atención completa de la solicitud, configurándose la figura jurídica de carencia actual de objeto por hecho superado. En ese contexto, el tribunal no encontró motivos para otorgar el amparo solicitado, dado que la situación que motivó la acción ya había cesado.

Efectos jurídicos

La decisión vincula a las partes procesales, declarando improcedente la acción de tutela por desaparecer la causa que la originó. Se ordenó notificar a las partes conforme a la reglamentación vigente y se advirtió sobre la posibilidad de impugnación. En caso de no presentarse recurso, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Con esta resolución, el Tribunal Superior de Valledupar reafirma la importancia de la tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales, pero también subraya que su procedencia está condicionada a la vigencia del objeto de la acción, evitando así que se convierta en un medio para obtener decisiones ya cumplidas o situaciones superadas.