Lineamientos jurídicos para la intervención y liquidación de EPS tras la sentencia SU-277 de 2025

Alcance de la regla jurisprudencial

El concepto jurídico explica que la sentencia SU-277 de 2025 determina que la Superintendencia vulnera el derecho al debido proceso si ordena la toma de posesión o intervención de una EPS sin analizar previamente los autos proferidos por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008. En consecuencia, antes de adoptar medidas de intervención, la entidad debe valorar de forma expresa el impacto de los incumplimientos estatales relacionados con la financiación del sistema de salud sobre la situación financiera de la EPS evaluada. Esta regla aplica no solo a las intervenciones para administrar, sino también a las medidas de liquidación y a las decisiones sobre la prórroga de dichas intervenciones, dado que todas implican restricciones relevantes sobre la operación y autonomía de las entidades intervenidas.

Análisis de las causas del deterioro financiero

La Dirección Jurídica resalta que no es jurídicamente viable fundamentar una medida de intervención exclusivamente en indicadores financieros negativos cuando existan elementos que relacionen dicho deterioro con problemas estructurales de financiación del sistema de salud previamente identificados por la Corte Constitucional. Se hace referencia a debates sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los Presupuestos Máximos, así como a autos de seguimiento que han advertido incumplimientos estatales en estas materias. Por lo tanto, las áreas técnicas deben verificar si las dificultades financieras de la EPS son atribuibles a su gestión o si obedecen total o parcialmente a factores externos relacionados con la financiación del sistema, evitando trasladar automáticamente a la entidad vigilada las consecuencias...