27 de mayo de 2026 14:9:56
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado revocó una sentencia que negó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por uso indebido de publicidad oficial. La entidad debe abstenerse de difundir información ajena a su función legal en sus canales oficiales, conforme a los incisos 1 y 4 del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011. La decisión destaca que las publicaciones controvertidas no se relacionaban con la misión del Ministerio y que existen medios alternativos para divulgar dicha información.
El Acuerdo Distrital 8586 de 2026 establece un marco normativo para optimizar la gestión pública en Bogotá mediante la cooperación interadministrativa entre entidades distritales. Busca mejorar la eficiencia, transparencia y calidad en servicios públicos, promoviendo la participación ciudadana y la coordinación institucional a través de mesas técnicas, protocolos de intercambio de información y sistemas de evaluación conjunta. Este instrumento responde a la necesidad de modernizar la administración local y ofrece un modelo replicable para otros territorios.
La Corte Constitucional dejó sin efectos una sentencia del Consejo de Estado que restringía la competencia arbitral en controversias económicas derivadas de actos administrativos con facultades excepcionales. Reafirmó la competencia de tribunales arbitrales, protegiendo el debido proceso y el acceso a la justicia. La decisión ordena una nueva resolución que reconozca la validez del arbitraje cuando exista pacto válido, fortaleciendo este mecanismo alternativo para resolver conflictos en contratación estatal.
La DIAN emitió un concepto oficial que aclara la exclusión del IVA en el Archipiélago conforme al artículo 22 de la Ley 47 de 1993. La exclusión aplica a bienes y servicios destinados o realizados en el territorio, incluyendo operaciones digitales y facturación electrónica, siempre que se acredite la destinación. Se mantiene la obligación de expedir factura y conservar soportes, y se aclara el tratamiento fiscal y aduanero para contribuyentes y operadores económicos, garantizando seguridad jurídica en la aplicación del régimen especial.
La CAR expidió la Resolución DGEN 20267000115 que regula el procedimiento para otorgar permisos de tala y poda de árboles en condición de riesgo inminente en su jurisdicción. Busca garantizar una gestión ambiental eficaz y oportuna, protegiendo a la población y el entorno. La norma establece plazos, obligaciones, prohibiciones sobre aprovechamiento comercial de madera y mecanismos de seguimiento, armonizando la gestión del riesgo con la conservación ambiental y facilitando una rápida respuesta ante emergencias.