Tipo de acuerdo y entidades involucradas

El Acuerdo 556 de 2025 es un acto administrativo de tipo interadministrativo emitido por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el 10 de diciembre de 2025. Este acto formaliza la ampliación del Resguardo Indígena Inga del San Joaquín, ubicado en el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, mediante la incorporación de un predio específico del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

Objeto y finalidad del acuerdo

El objeto principal del Acuerdo es ampliar el territorio del resguardo indígena Inga del San Joaquín con la incorporación del predio denominado “Bellavista”, con un área de treinta hectáreas con tres mil ciento cincuenta y nueve metros cuadrados (30 ha + 3,159 m²). Esta ampliación busca atender las necesidades territoriales de la comunidad para garantizar su seguridad alimentaria, fortalecer su autonomía, preservar sus tradiciones culturales y asegurar la pervivencia física y cultural de sus miembros.

Ámbito de aplicación y disposiciones clave

La ampliación aplica al territorio del resguardo indígena ubicado en el municipio de Mocoa, Putumayo, y se suma al área previamente constituida en los municipios de Santa Rosa (Cauca) y Mocoa. El acuerdo establece que las tierras incorporadas son inalienables, imprescriptibles e inembargables, de propiedad colectiva y sujetas al ejercicio del gobierno propio del cabildo o autoridad tradicional conforme a sus usos y costumbres. Asimismo, se excluyen expresamente las franjas paralelas a cauces permanentes de ríos, arroyos y lagos que constituyen bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles, en línea con la normativa ambiental vigente. Se establecen obligaciones para la comunidad en materia de conservación ambiental y gestión sostenible de los recursos naturales, en armonía con su cosmovisión.

Impacto potencial en la comunidad y entorno

La ampliación del resguardo permitirá a las 29 familias que integran la comunidad Inga del San Joaquín, conformada por 136 personas, contar con un territorio suficiente para sus actividades productivas, culturales y sociales. El nuevo predio favorece condiciones biofísicas adecuadas para la reubicación de familias afectadas por fenómenos naturales y conflictos, contribuyendo al fortalecimiento organizativo, la seguridad alimentaria y la preservación cultural. Desde el punto de vista ambiental, el predio cumple con la función ecológica de la propiedad, al preservar áreas forestales, fuentes hídricas y zonas de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas locales. El acuerdo promueve un modelo de gobernanza ambiental compartida y el desarrollo sostenible en consonancia con las leyes ambientales y los principios culturales de la comunidad.

Sustento legal y procedimiento

El acuerdo se fundamenta en un amplio marco jurídico, que incluye la Constitución Política de 1991 (artículos 7, 63, 246, 286, 287, 329 y 330), la Ley 160 de 1994, el Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, el Decreto Ley 2363 de 2015 y la jurisprudencia constitucional sobre pueblos indígenas. Además, incorpora las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por Colombia, que resalta la protección de los derechos territoriales indígenas. El procedimiento administrativo que condujo a la ampliación contempló la realización de un Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras (ESJTT), visitas técnicas previas, análisis cartográficos y consulta a entidades ambientales y municipales. Se garantizó el debido proceso con la publicación, notificación y apertura a posibles intervenciones de terceros interesados, sin que se presentaran oposiciones.

Mecanismos de seguimiento y registro

Una vez firme el acuerdo, se establece la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mocoa para consolidar jurídicamente el resguardo ampliado, abrir folio de matrícula inmobiliaria exclusivo y cancelar las matrículas anteriores. Se prevé también la comunicación con autoridades locales y de gestión de riesgos para coordinar acciones de protección territorial y ambiental.

Relevancia para la comunidad y el territorio

Este acuerdo representa un avance significativo en el reconocimiento y protección del derecho fundamental al territorio de la comunidad indígena Inga del San Joaquín. La ampliación contribuye a la garantía de sus derechos colectivos, la conservación ambiental y el desarrollo sostenible, fortaleciendo la autonomía y la identidad cultural de esta parcialidad indígena en Putumayo. En suma, el Acuerdo 556 de 2025 ejemplifica la articulación entre políticas públicas de reforma agraria, derechos indígenas y protección ambiental, consolidando un modelo de gestión territorial que integra aspectos jurídicos, sociales y ecológicos en beneficio de una comunidad ancestral. Este logro fortalece el compromiso del Estado colombiano con la protección de los pueblos indígenas y la promoción de un desarrollo sostenible que respete sus derechos y valores culturales.