Contexto procesal y tribunal competente

La providencia fue proferida por la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en segunda instancia, como respuesta al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria original emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva. La competencia para conocer el recurso se fundamenta en el artículo 34, numeral 1º del Código Penal, que regula la competencia funcional en procesos penales.

Antecedentes fácticos

El caso se originó en un hecho ocurrido en febrero de 2025, cuando una víctima fue interceptada por un grupo de sujetos que le mostraron un arma de fuego y un arma blanca para intimidarla y amenazarla, lo que generó una situación de peligro que motivó la huida de la víctima. Posteriormente, gracias a acciones coordinadas con la Policía y el uso de un sistema de seguridad satelital, se logró localizar un inmueble donde se encontró la motocicleta hurtada y se capturó a uno de los involucrados. El procesado fue imputado por los delitos de fabricación, tráfico y porte agravado de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Durante el proceso, se celebró un preacuerdo en el que el acusado aceptó su responsabilidad, lo que permitió establecer una pena definitiva de nueve años y tres meses de prisión.

Consideraciones jurídicas de la Sala

El recurso de apelación planteó la posibilidad de retractación de la aceptación de cargos, argumentando dificultades personales del procesado y alegando una participación limitada en los hechos, además de cuestionar la existencia de pruebas directas que lo vincularan con el porte de armas. La Sala recordó que, conforme a la normativa vigente y la jurisprudencia consolidada, la aceptación de cargos en un preacuerdo genera el principio de irretractabilidad, salvo que se acrediten vicios del consentimiento o violaciones a garantías fundamentales. En este sentido, se enfatizó que el procesado fue debidamente asesorado por su defensor y que el juez de primera instancia verificó la voluntariedad, conciencia e información adecuada en la aceptación de cargos. Además, se resaltó que la aceptación implica renuncia a la controversia probatoria, y que la sentencia anticipada debe contar con un respaldo probatorio mínimo que sustente la materialidad del delito y la responsabilidad del acusado. La Sala encontró que se cumplió con este estándar, habiéndose aportado elementos materiales probatorios suficientes. Por consiguiente, la Sala concluyó que no existieron vicios que justificaran la retractación y que la sentencia condenatoria debía confirmarse en su integridad.

Decisión

En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, mediante auto proferido el 2 de marzo de 2026, confirmó la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva, ratificando la pena de nueve años y tres meses de prisión impuesta por la comisión de los delitos de fabricación, tráfico y porte agravado de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Asimismo, se informó que contra esta decisión procede el recurso de casación, el cual podrá interponerse dentro de los cinco días siguientes a su última notificación, conforme al artículo 98 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 183 de la Ley 906 de 2004.

Conclusión

La providencia destaca la importancia del respeto a los procedimientos de terminación anticipada, la voluntariedad en la aceptación de cargos y el respaldo probatorio necesario para sustentar sentencias condenatorias, reafirmando así los principios de legalidad y seguridad jurídica en el sistema penal colombiano. De esta manera, el Tribunal Superior de Neiva contribuye a fortalecer la confianza en la administración de justicia y a garantizar el debido proceso para las partes involucradas.