Naturaleza de la providencia y contexto procesal

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en auto interlocutorio, resolvió en segunda instancia una solicitud de medida cautelar presentada en el marco de un proceso de nulidad instaurado contra apartados específicos del artículo 2.º del Decreto 4192 de 2010, expedido por el Presidente de la República. La pretensión cautelar buscaba la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las expresiones «profesionales del área de la salud» y «profesional» contenidas en dicho artículo.

Sentido de la decisión

• Solicitud: Suspensión provisional de los efectos jurídicos de las expresiones señaladas en el artículo 2.º del Decreto 4192 de 2010.
• Decisión: Negación de la medida cautelar solicitada.
• Reconocimientos: Personería a los apoderados de la Presidencia de la República y del Ministerio de Salud y Protección Social.
• Notificación: Orden de notificar a las partes conforme a la normatividad aplicable.

Razón principal de la decisión

El despacho concluyó que la solicitud de suspensión provisional no cumplió con la carga argumentativa establecida en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En particular, el demandante no presentó una fundamentación clara y suficiente que evidenciara, siquiera de forma preliminar, la vulneración de normas de rango constitucional o legal por parte del acto administrativo demandado. El análisis destaca que la parte actora omitió identificar expresamente las disposiciones superiores presuntamente infringidas y no expuso un concepto de violación que permitiera un juicio de confrontación normativa y probatoria, requisitos indispensables para decretar medidas cautelares de suspensión provisional. Además, no se remitió a los argumentos desarrollados en la demanda para sustentar la medida cautelar, lo que impide suplir las deficiencias de la solicitud conforme al principio de justicia rogada que rige la jurisdicción contencioso administrativa.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El demandante interpuso acción de nulidad contra algunas expresiones del artículo 2.º del Decreto 4192 de 2010, acompañado de una solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Inicialmente, la demanda fue inadmitida por falta de claridad y por no haberse remitido copia a la contraparte, además de adecuar el medio de control a nulidad conforme al artículo 137 del CPACA. Posteriormente, la demanda fue admitida y se corrió traslado para que la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud y Protección Social se pronunciaran sobre la medida cautelar solicitada. Ambas entidades presentaron escritos de oposición, argumentando incumplimiento de los requisitos legales para la medida cautelar y ausencia de demostración de daño inminente o vulneración de derechos. El despacho analizó el régimen de medidas cautelares previsto en el CPACA, especialmente los requisitos de fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) y periculum in mora (peligro en la demora), y concluyó que estos no se satisfacían en el caso concreto por la insuficiencia de la argumentación presentada.

Efectos jurídicos de la decisión

Con la negación de la medida cautelar, las expresiones contenidas en el artículo 2.º del Decreto 4192 de 2010 continúan vigentes y produciendo efectos jurídicos mientras se tramita el proceso principal. La decisión vincula a las partes involucradas en el proceso y ordena la notificación conforme a la ley. Asimismo, se reconoció formalmente la representación judicial de las entidades demandadas mediante la personería de sus apoderados. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.