Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto interlocutorio proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en trámite de medio de control de nulidad contra un acto administrativo expedido por el SENA Regional Caquetá.

Sentido de la decisión

• Se decreta la suspensión provisional de los efectos del diploma con número de registro 4440545, expedido el 23 de agosto de 2022, mediante el cual se otorgó el título de operario en manejo de máquinas de confección industrial para ropa exterior.

Razón principal de la decisión

El tribunal concluyó que el acto administrativo demandado fue expedido sin que la persona certificada cumpliera con todos los requisitos establecidos en el reglamento del SENA y en las guías de certificación académica. En particular, el diploma fue otorgado sin evidencia suficiente que acreditara la realización y aprobación de la etapa productiva del programa de formación, que debía haberse cumplido dentro de un término específico. Esta falta de soporte documental y de cumplimiento normativo afecta la legalidad del acto, lo que justifica la suspensión provisional de sus efectos mientras se resuelve el fondo del proceso.

Antecedentes fácticos y procesales

El SENA, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), demandó la nulidad del diploma expedido a una aprendiz en un programa de formación en manejo de máquinas de confección industrial. La demanda se fundamentó en que la certificación se otorgó sin que la aprendiz acreditara el cumplimiento de la etapa productiva, requisito indispensable según el reglamento institucional. El proceso formativo consta de dos etapas: lectiva y productiva, cada una con evaluaciones independientes. La etapa productiva debía haberse iniciado inmediatamente después de concluir la lectiva y culminar dentro de los dos años siguientes. Sin embargo, la certificación se expidió años después, sin documentación que acreditara la realización y evaluación de dicha etapa productiva. Durante el proceso, se aportaron informes y actas de comités internos del SENA que evidenciaron que la persona certificada permanecía en estado “en formación” sin cumplir los requisitos para la titulación conforme a los reglamentos vigentes. Además, se constató que el director regional autorizó la expedición de certificados para varios aprendices, incluida la persona en cuestión, sin documentación que validara el cumplimiento de la etapa productiva.

Consideraciones jurídicas y efectos jurídicos

El tribunal recordó que la suspensión provisional de los efectos de actos administrativos es una medida cautelar que busca evitar que actos posiblemente contrarios al ordenamiento jurídico sigan produciendo efectos mientras se resuelve el fondo del asunto. Para decretarla, se requiere la apariencia de buen derecho y la existencia de perjuicio por la mora, criterios que se entienden cumplidos cuando se demuestra preliminarmente que el acto es contrario a normas superiores. El fallo señaló que el derecho a la educación, reconocido como fundamental, implica que las instituciones educativas deben observar los reglamentos y procedimientos establecidos para la certificación académica. La expedición de títulos sin cumplir dichos requisitos vulnera el ordenamiento jurídico y afecta la función social de la institución. En consecuencia, se ordenó la suspensión provisional del diploma cuestionado para garantizar la legalidad y la efectividad de la eventual sentencia que resuelva el proceso de nulidad.

Conclusión

El Consejo de Estado, en esta providencia, decretó la suspensión provisional de los efectos del diploma expedido por el SENA Regional Caquetá, al evidenciarse que la certificación se otorgó sin que se cumpliera el procedimiento y los requisitos académicos establecidos en el reglamento institucional y en las guías para la certificación. Esta medida cautelar se adopta para preservar la legalidad y la efectividad del proceso judicial en curso, asegurando que solo se reconozcan títulos académicos que cumplan con los estándares y procedimientos legales correspondientes. Con esta decisión, se reafirma la importancia de la transparencia y el rigor académico en la certificación de competencias profesionales.