Objetivo y ámbito del Proyecto de Ley 448 de 2024

El Proyecto de Ley 448 de 2024, radicado en el Congreso de Colombia y conocido como Ley Gabriel Esteban, tiene como propósito principal garantizar una vida libre de violencia mediante el reconocimiento, prevención y sanción de la violencia vicaria. Esta forma de violencia es entendida como una manifestación indirecta de violencia de género que afecta a la mujer y a la integridad familiar, especialmente en contextos de ruptura de relaciones de pareja o disputas por la custodia de hijos. El proyecto se encuentra en la etapa de primer debate en la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, habiendo sido aprobado con modificaciones en el Senado y en discusión para consolidar un texto que atienda observaciones técnicas y sociales. Se prevé que, tras el primer debate, continúe su trámite legislativo con análisis en plenarias y posibles conciliaciones.

Contexto y necesidad de la iniciativa

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo y representa un desafío vigente para las agendas gubernamentales con enfoque de género. En Colombia, las relaciones de pareja y el entorno familiar constituyen los principales escenarios donde se presentan estas violencias, las cuales evolucionan y adoptan nuevas formas conforme la sociedad avanza. La violencia vicaria se caracteriza por la instrumentalización de hijos, familiares o personas afectivamente significativas para causar daño psicológico, físico, económico o patrimonial a la mujer. Este tipo de violencia busca controlar, castigar o someter a la víctima a través del sufrimiento infligido a terceros, especialmente menores, y se ha identificado como una antesala frecuente del feminicidio. Actualmente, el ordenamiento jurídico colombiano no reconoce explícitamente la violencia vicaria, generando un vacío legal que impide una adecuada protección y sanción efectiva de estas conductas. La ausencia de tipificación específica conlleva a la revictimización y limita la capacidad del Estado para intervenir oportunamente. Comparativamente, países como España, México, Chile, Argentina y Australia han incorporado la violencia vicaria en sus legislaciones, estableciendo medidas de protección específicas y sanciones que reconocen la gravedad de esta modalidad de violencia.

Contenido clave del Proyecto de Ley

El proyecto propone modificar la Ley 1257 de 2008 para incluir la violencia vicaria como una manifestación de violencia contra la mujer, ampliando así el marco legal para su reconocimiento y sanción. Define la violencia vicaria como una violencia indirecta que tiene como fin afligir a una persona mediante la instrumentalización de terceros, incluidos hijos, familiares o animales afectivamente significativos. Entre las disposiciones más relevantes se encuentran: - Medidas de protección específicas para casos de violencia vicaria, estableciendo que las autoridades competentes deben adoptar acciones inmediatas para proteger a las víctimas, incluyendo medidas provisionales en materia de régimen de visitas, guarda y custodia de menores. - Incorporación de la violencia vicaria como agravante en los delitos contra la vida y la integridad personal, particularmente en homicidios que involucren a hijos menores o personas con discapacidad vinculadas a la víctima principal. - Tipificación específica del delito de violencia vicaria por sustitución, con penas privativas de libertad y multas para quienes usen a terceros como instrumentos para causar daño a la integridad física, psicológica, económica o patrimonial de la víctima. - Establecimiento de un sistema de información, monitoreo y seguimiento que permita registrar datos estadísticos sobre violencia vicaria, facilitando así la formulación de políticas públicas y estrategias de prevención. - Plazos para que las entidades gubernamentales formulen e implementen políticas públicas destinadas a prevenir y afrontar la violencia vicaria. El proyecto se fundamenta en un enfoque integral que contempla la prevención, protección, atención, sanción y seguimiento, buscando no solo sancionar sino también transformar la comprensión social y judicial de esta forma de violencia.

Impacto potencial del proyecto de ley

De aprobarse, la Ley Gabriel Esteban tendría un impacto positivo significativo en varios ámbitos: - Jurídico: Fortalecería el sistema judicial dotándolo de herramientas legales claras para identificar y sancionar la violencia vicaria, evitando vacíos y duplicidades en la tipificación penal. - Social: Visibilizaría una forma de violencia poco reconocida pero devastadora, contribuyendo a la sensibilización social y a la prevención mediante campañas y educación. - Protección integral: Ampliaría la protección no solo para las mujeres víctimas directas, sino también para los niños, niñas, adolescentes y otros familiares que son instrumentalizados, garantizando medidas de atención especializadas. - Mejora en rutas de atención: Fortalecería las comisarías de familia, jueces y demás funcionarios encargados de la atención, dotándolos de protocolos y capacitaciones específicas. - Políticas públicas: Facilitaría la generación de planes y programas orientados a disminuir la violencia vicaria y sus efectos, con base en evidencia estadística sistematizada.

Debate y posturas de los actores involucrados

El proyecto ha contado con amplio apoyo en las comisiones legislativas, reflejado en la aprobación unánime en la Comisión Primera del Senado y en la ponencia positiva para primer debate en la Cámara. Defensores de la iniciativa destacan que el reconocimiento legal de la violencia vicaria es indispensable para enfrentar una violencia que afecta profundamente a mujeres y niños, y que ha sido subregistrada y desatendida. Señalan que la tipificación como agravante en el Código Penal evita la duplicidad de conductas punibles y permite una sanción proporcional y efectiva. Por otro lado, algunos sectores han planteado la necesidad de garantizar que las medidas de protección y sanciones no generen procesos judiciales prolongados que afecten la estabilidad de los menores ni la integridad de la familia, proponiendo además un enfoque que priorice la prevención y la resocialización. Expertos y organizaciones civiles han aportado a las mesas de trabajo, insistiendo en la importancia de un enfoque de género, interseccional y diferencial que reconozca las diversas realidades de las víctimas.

Comparación con legislaciones internacionales

La ley propuesta se alinea con tendencias internacionales en el reconocimiento de la violencia vicaria, especialmente en países de América Latina y Europa. Por ejemplo, España incorporó la violencia vicaria en 2015, México en 2023 y Chile a través de reformas legales específicas. Australia también incluye esta modalidad en su Ley de Prevención de Violencia Familiar. Estas legislaciones comparten el enfoque en la instrumentalización de terceros para causar daño psicológico y físico a la mujer, y establecen sanciones penales así como medidas de protección para los afectados. Colombia, con esta iniciativa, busca armonizar su marco jurídico con estos estándares internacionales y cumplir con compromisos derivados de tratados como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW.

Conclusión

El Proyecto de Ley 448 de 2024 representa un avance significativo en la política pública y legislativa colombiana para enfrentar una forma de violencia de género compleja y silenciosa: la violencia vicaria. Su reconocimiento legal permitirá cerrar vacíos jurídicos que han dejado a muchas víctimas sin protección efectiva, especialmente mujeres y niños. Asimismo, contribuirá a la prevención y sanción adecuada, en consonancia con estándares internacionales y con un enfoque integral que incluye la protección, educación y seguimiento. El debate que continúa en el Congreso de la República es fundamental para perfeccionar el texto y asegurar que, una vez convertido en ley, se traduzca en beneficios concretos para las víctimas y en un aporte contundente a la erradicación de la violencia de género en Colombia. La aprobación definitiva de esta ley marcará un hito en el fortalecimiento de los derechos humanos y el compromiso estatal con la protección de las mujeres y sus familias frente a todas las formas de violencia.