Tribunal y contexto procesal

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, en segunda instancia, decidió sobre la impugnación de una acción de tutela presentada por un empleado judicial contra una providencia de la Sección Primera de la misma corporación. La tutela cuestionaba una sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena relacionada con el régimen salarial y la presunta vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la igualdad de trato jurídico.

Antecedentes fácticos y procesales

El empleado judicial, que ha ocupado diversos cargos dentro de la Rama Judicial desde 2010, presentó reclamaciones administrativas para que se le reconocieran y pagaran diferencias salariales correspondientes al cargo de abogado asesor grado 23, alegando que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias al crear un grado salarial distinto al oficial, afectando sus prestaciones sociales y derechos laborales. En primera instancia, el Juzgado Décimo Administrativo de Santa Marta declaró la nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento de estas diferencias y ordenó su pago, basándose en la inconstitucionalidad de la expresión “grado 23” creada por el Consejo Superior de la Judicatura, en tanto que la fijación de escalas salariales corresponde exclusivamente al Ejecutivo Nacional. Dicha sentencia fue apelada por las partes y modificada parcialmente por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que excluyó del reconocimiento el periodo en que el empleado judicial ejerció funciones como juez. Posteriormente, el empleado judicial interpuso una acción de tutela contra la providencia de dicho Tribunal, señalando que se vulneraban precedentes vinculantes del Consejo de Estado y solicitando la...