Definición y marco normativo de la calamidad pública

La calamidad pública se entiende como un evento grave e imprevisto que afecta la sociedad o sectores importantes, alterando significativamente el orden económico, social o ecológico. La Constitución y la Ley 1523 de 2012, modificada por la Ley 2474 de 2025, establecen que en estos casos se pueden declarar regímenes especiales para la contratación estatal. Estos regímenes permiten la adopción de medidas excepcionales para la respuesta, rehabilitación y reconstrucción, manteniendo el control fiscal posterior.

Urgencia manifiesta como causal excepcional de contratación

La Ley 80 de 1993 define la urgencia manifiesta como una causal excepcional que permite la contratación directa sin seguir los procesos ordinarios, cuando se requiere atender situaciones inmediatas derivadas de estados de excepción, calamidad pública, fuerza mayor o desastre. Esta declaratoria debe realizarse mediante acto administrativo motivado y permite la flexibilización temporal de los procedimientos de selección, garantizando la continuidad de servicios esenciales.

Control fiscal y responsabilidades

Tras la celebración de contratos por urgencia manifiesta, la entidad debe enviar toda la documentación al órgano de control fiscal para su revisión dentro de un plazo de dos meses. Este control fiscal posterior y selectivo verifica que la contratación se ajuste a la situación excepcional que motivó la declaratoria. En caso de irregularidades, se trasladan los hallazgos a las autoridades competentes para iniciar investigaciones penales, disciplinarias o fiscales. Se subraya que el uso indebido de esta modalidad constituye una causal de mala conducta.

Conclusiones principales

Los órganos de control fiscal tienen la responsabilidad de pronunciarse sobre los hechos y circunstancias que originan la urgencia manifiesta y la contratación ejecutada en ese marco. Las entidades deben enviar inmediatamente toda la documentación relacionada para su control. La contratación debe guardar estricta relación con la calamidad pública declarada, respetando los principios de transparencia, legalidad y proporcionalidad. Este concepto, de carácter orientador, busca proporcionar claridad sobre la aplicación y control de la contratación por urgencia manifiesta, sin constituir una fuente normativa vinculante. Más información y documentos relacionados están disponibles en el portal oficial de la Auditoría General de la República.