Auto de la Corte Constitucional sobre conflicto de competencia entre jurisdicción ordinaria y especial indígena en proceso penal

Naturaleza y contexto de la decisión

La providencia corresponde a un auto proferido por la Sala Plena de la Corte Constitucional en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, dentro del trámite de un conflicto de competencia suscitado entre la jurisdicción ordinaria penal y la jurisdicción especial indígena. La controversia surgió en un proceso penal iniciado en un juzgado promiscuo del circuito de un municipio del departamento del Cauca, respecto a la competencia para conocer un caso relacionado con delitos de falsedad marcaria y receptación.

Sentido de la decisión

La Corte Constitucional resolvió:

• Declarar inhibida a la Sala Plena para pronunciarse sobre la competencia en el presente caso, por no encontrarse configurado un conflicto de jurisdicción entre autoridades judiciales.
• Remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito para que, en ejercicio de su competencia, efectúe la remisión del proceso a la autoridad indígena correspondiente, conforme a la decisión adoptada por dicho juzgado.

Razón principal de la decisión

La decisión se fundamenta en que no se acreditó el presupuesto subjetivo para la existencia de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Esto implica que no hubo dos autoridades jurisdiccionales pertenecientes a distintas jurisdicciones que sostuvieran posiciones opuestas respecto del conocimiento del proceso. En concreto, la autoridad indígena reclamó la competencia para conocer el proceso y el juez ordinario aceptó tal reclamación, ordenando la remisión a la jurisdicción especial indígena. La oposición manifestada por la Fiscalía General de la Nación no constituye, en su calidad de ente acusador y no de autoridad jurisdiccional, un presupuesto suficiente para configurar el conflicto.

Antecedentes fácticos y...