17 de abril de 2026 13:51:40
La Superintendencia Nacional de Salud emitió una circular externa que modifica y actualiza los lineamientos para el reporte de información financiera de generadores de recursos del sistema de salud. Incluye ajustes en códigos, formatos y periodicidad de entrega, fortaleciendo la inspección y control. Estas disposiciones son de obligatorio cumplimiento y buscan optimizar la gestión financiera, promoviendo transparencia y eficiencia en el manejo de recursos públicos destinados al sector salud.
El Ministerio de Educación Nacional propone un proyecto de decreto para adicionar una sección al Decreto 1075 de 2015, que reglamenta las condiciones de calidad institucional y de programas de educación superior del SENA. La iniciativa busca garantizar estándares de calidad y registro calificado conforme a la Ley 1188 de 2008, fortaleciendo la formación profesional integral y asegurando la pertinencia y calidad de sus programas en todo el país.
La Contraloría General de la República propone un proyecto de resolución que actualiza el registro y publicación del Boletín de Responsables Fiscales (SIBOR). Establece procedimientos y criterios claros para la inclusión y exclusión de responsables fiscales, mejora la gestión administrativa y fortalece la transparencia en el control fiscal. La iniciativa busca optimizar el acceso público a información sobre fallos en responsabilidad fiscal y promover la rendición de cuentas en Colombia.
El Ministerio de Salud y Protección Social presenta un proyecto de resolución que define el proceso para autorizar el funcionamiento de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) declaradas Bienes de Interés Cultural, como el Hospital Universitario San Juan de Dios. El proyecto busca garantizar el cumplimiento de requisitos técnicos y administrativos, preservar el patrimonio hospitalario y fortalecer la prestación de servicios de salud de calidad con enfoque estratégico y cultural.
La Gaceta 265 del Congreso de la República incluye un proyecto de ley orgánica que reforma el procedimiento especial para la investigación y juzgamiento de aforados constitucionales. Propone la creación de un Comité Técnico Asesor y actualiza normativas para fortalecer la transparencia, celeridad y eficacia en la administración de justicia parlamentaria. Esta reforma busca modernizar el proceso y garantizar principios constitucionales en el ejercicio del poder público.