9 de julio de 2026 15:27:44
El Gobierno Nacional propone un decreto para reglamentar actividades con aglomeraciones de público, buscando fortalecer la gestión del riesgo de desastres y preservar la seguridad, el orden público y la salud. El proyecto complementa el Decreto 1081 de 2015, derogando el Decreto 3888 de 2007, y establece obligaciones para organizadores, supervisión municipal y coordinación interinstitucional mediante un Puesto de Mando Unificado. La iniciativa busca garantizar eventos públicos seguros y ordenados en todo el territorio nacional.
La Presidencia propone modificar el Decreto 4690 de 2007 para robustecer la Comisión Intersectorial que previene el reclutamiento, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados y delincuenciales. Se ampliaría la integración institucional, crearía el Equipo Nacional de Acción Inmediata y establecerían mesas territoriales para respuestas oportunas. La iniciativa busca coordinar eficazmente acciones de protección, garantizando confidencialidad y fortaleciendo la atención integral a las víctimas.
Un proyecto de decreto reglamentaría los artículos 186 y 187 de la Ley 2294 de 2023 para establecer el marco normativo de los Territorios Culturales, Creativos y de Saberes (TCCS). Además, crearía el Consejo Nacional de Economía Cultural, Creativa y de Saberes, que asesoraría y coordinaría políticas públicas. La iniciativa busca fortalecer estos territorios como espacios de identidad cultural, desarrollo social y económico, promoviendo la participación comunitaria y el impulso de economías culturales sostenibles.
El Ministerio de Educación presenta un proyecto que adiciona un capítulo al Decreto 1075 de 2015 para reglamentar el modelo de financiamiento de instituciones de educación superior estatales, conforme a la Ley 2568 de 2026. El decreto establece principios de equidad, transparencia y sostenibilidad fiscal, define criterios para asignación y seguimiento de recursos, y promueve la rendición de cuentas. La iniciativa busca fortalecer la educación pública con calidad y garantizar su desarrollo integral.
Mediante una resolución, el Ministerio de Educación nacional establece criterios obligatorios para que instituciones de educación superior y para el trabajo implementen políticas contra el acoso sexual y violencias basadas en género. La norma amplía definiciones, garantiza enfoques de género e inclusión, y establece procedimientos para prevención, detección, atención, sanción y reparación. También incorpora medidas tecnológicas para el registro de casos, promoviendo entornos educativos seguros y libres de violencia.