17 de julio de 2026 13:13:22
La UPME propone un procedimiento detallado para la ampliación temporal de capacidad de transporte que permita la entrega de excedentes de energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Esta iniciativa responde a la Resolución CREG 101 114 de 2026 y busca mitigar riesgos derivados de condiciones hidrológicas adversas como El Niño. El proyecto introduce mecanismos digitales, plazos definidos y evaluación técnica rigurosa para plantas generadoras y autogeneradores, promoviendo la estabilidad y confiabilidad del suministro eléctrico nacional.
El Ministerio del Interior presentó un proyecto de decreto para modificar el Decreto 1066 de 2015 y ampliar el Programa de Prevención y Protección para ex servidores públicos de la Presidencia en situación de riesgo extremo. Se establecen criterios objetivos y subjetivos para garantizar medidas de seguridad, protocolos internos de notificación y coordinación con la Unidad Nacional de Protección. La iniciativa busca fortalecer la protección de quienes desempeñaron funciones clave en la Presidencia, asegurando una evaluación y seguimiento periódicos de riesgos.
Los Ministerios de Minas y Energía y de Salud y Protección Social presentan un proyecto conjunto para actualizar las normas de protección radiológica y seguridad física en Colombia. La iniciativa incorpora estándares internacionales del OIEA, regula el uso seguro de radiaciones ionizantes y establece medidas para la gestión de desechos radiactivos, capacitación, monitoreo y respuesta ante emergencias. Este marco fortalecerá la seguridad en sectores como la medicina, la industria y la investigación, protegiendo a personas y medio ambiente.
La Ley 2590 de 2026 modifica el Código Penal para endurecer sanciones contra el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas. Establece penas severas, planes nacionales de prevención, estrategias diferenciadas para comunidades vulnerables y un observatorio para monitoreo. Además, crea protocolos digitales y una línea telefónica para denuncias, garantizando atención integral y reparación a víctimas. Esta ley representa un avance sustancial en la protección de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia en Colombia.
La Sala Plena de la Corte Constitucional confirmó que la acción de tutela es improcedente para controvertir decisiones judiciales sobre prescripción de la acción penal, reiterando que la acción de revisión es el medio adecuado. Este pronunciamiento reafirma la subsidiariedad de la tutela y el respeto a la autonomía judicial, señalando que no se acreditó perjuicio irremediable que justifique su uso. La decisión fortalece la función de las altas cortes como órganos de cierre en procesos penales.