24 de agosto de 2026 12:20:22
El Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 009 de 2024, que regula los procedimientos administrativos en materia ambiental. Esta norma establece requisitos, plazos y responsabilidades para autoridades y ciudadanos, e incorpora mecanismos de participación y transparencia. Aplica a nivel nacional, exceptuando actividades mineras, e incluye un régimen de transición para adaptar los procesos vigentes. La regulación busca optimizar la tramitación ambiental asegurando el cumplimiento legal y la participación ciudadana.
La Presidencia objetó por inconstitucionalidad e inconveniencia el proyecto de ley que prohíbe reducir requisitos para cargos directivos en el sector público y empresas estatales. La objeción señala vulneración de competencias, rigidez administrativa, bloqueo al relevo generacional y afectaciones al debido proceso. Se advierte redundancia normativa y riesgos para la eficiencia institucional. El proyecto retorna al Congreso para debate con miras a modernizar y flexibilizar el acceso a cargos directivos.
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto para ampliar por 12 meses la vigencia de licencias urbanísticas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026. Además, ajusta requisitos para licencias de reforzamiento estructural, demolición y reconstrucción en zonas declaradas en desastre nacional. La norma está en consulta pública y busca facilitar la recuperación y asegurar la seguridad estructural en las obras. Se invita a la ciudadanía a participar con observaciones.
El Ministerio de Hacienda expidió la Resolución 1889 de 2026 que crea y regula el Comité de Juntas Directivas de Empresas Estatales. Este órgano, presidido por el Ministro de Hacienda, se encargará de nominar, elegir y evaluar a los miembros de juntas directivas en las empresas con participación estatal. La resolución deroga la anterior norma y fortalece la gobernanza mediante funciones claras y un régimen de transición inmediato.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fijó la tarifa del 1% y definió la base gravable para la contribución especial de 2026, aplicable a prestadores de servicios públicos y actividades complementarias. La resolución amplía la base gravable, establece exclusiones, procedimientos de liquidación, pago y sanciones, y fija un monto mínimo exento. Busca garantizar el financiamiento adecuado del sector y promueve la sostenibilidad y cumplimiento normativo.