10 de abril de 2026 13:11:32
El Departamento Administrativo de la Función Pública propone un decreto para establecer una Prima de Desminado y Disposición de Artefactos Explosivos destinada a oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Militares y Policía Nacional que realicen labores de desminado humanitario. Esta prima buscaría reconocer la especialización y alto riesgo de estas funciones, con porcentajes progresivos desde un 10% hasta un 20% de la asignación básica mensual según años de servicio. La iniciativa contempla requisitos específicos, responsabilidades institucionales y financiamiento a cargo del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
El Ministerio de Justicia presentó un proyecto de decreto para reglamentar el artículo 38 de la Ley 1957 de 2019, estableciendo condiciones institucionales y administrativas para que los comparecientes ante la JEP cumplan sanciones propias y medidas impuestas mediante providencia judicial. La norma garantizaría afiliación al sistema de salud, asegurabilidad, condiciones dignas de habitabilidad y seguridad, y definiría la relación jurídica entre comparecientes y entidades líderes. Participan diversas entidades públicas y organizaciones privadas en el seguimiento y supervisión del cumplimiento.
El Ministerio de Relaciones Exteriores propone modificar el Decreto 1067 de 2015 para fortalecer la Comisión Nacional para Asuntos Antárticos, que coordina la política nacional en materia antártica. El proyecto amplía funciones, integra representantes de ministerios y entidades militares, crea comités técnicos y regula financiamiento y funcionamiento interno. La Comisión promoverá la participación de Colombia en el Sistema del Tratado Antártico, garantizando coordinación interinstitucional y cumplimiento de obligaciones internacionales.
El Ministerio de Ambiente presenta un proyecto para delimitar y declarar la Reserva de Recursos Naturales Renovables ‘Corazón del Mundo, Sierra Nevada de Santa Marta – Gonawindua’, con el fin de proteger su ecosistema y diversidad biocultural. La resolución prohibiría nuevas concesiones mineras e hidrocarburos en más de 1.5 millones de hectáreas, con excepciones para proyectos vigentes. La medida busca preservar la biodiversidad, los derechos de pueblos indígenas y prevenir impactos ambientales negativos, promoviendo la conservación y sostenibilidad regional.
El Ministerio de Salud y Protección Social propone modificar disposiciones para optimizar el seguimiento y control de recursos transferidos a entidades territoriales y beneficiarias. El proyecto exige cargar en la plataforma PISIS documentos esenciales que permitan la trazabilidad, consistencia y oportunidad en el reporte de información, fortaleciendo la transparencia y eficiencia en la gestión pública. Además, establece responsabilidades claras para representantes legales y revisores fiscales, y fija plazos para la presentación de informes de ejecución.