6 de agosto de 2026 17:27:2
El Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda presentan un proyecto de decreto que reemplazaría el Decreto 1575 de 2007 para regular el Sistema para la Protección, Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. La norma busca actualizar parámetros físicos, químicos y microbiológicos, establecer responsabilidades claras para entidades públicas y privadas, y fortalecer instrumentos de gestión de riesgos y emergencia. Incluye autorización sanitaria para concesiones, regulación de laboratorios y sistemas de información. Actualmente está en consulta pública y aplicaría nacionalmente, garantizando agua potable segura y fortaleciendo la salud pública.
El Ministerio de Minas y Energía presentó un proyecto de resolución para delimitar el Distrito Minero Especial Valderrama Norte, abarcando ocho municipios de Boyacá. La iniciativa busca promover la formalización minera de pequeña escala, diversificación productiva y gestión territorial sostenible. Se contempla la creación de una Mesa de Trabajo Interinstitucional y mesas temáticas para participación ciudadana. El proyecto está en etapa de comentarios y no tiene efectos jurídicos vigentes. Su aprobación establecería un marco institucional y administrativo para el desarrollo ordenado de la minería en la región.
El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial proponen sustituir el Capítulo 8 del Título 7 de la Resolución Única Compilatoria de Tránsito de 2022 para regular sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos de detección de infracciones. El proyecto define criterios técnicos, procedimientos administrativos, autorización previa y obligaciones de calibración y señalización. Está en consulta pública para recibir observaciones y busca garantizar seguridad vial y transparencia en la operación de estos sistemas. La regulación incluirá seguimiento, control y mecanismos tecnológicos interoperables.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia y anuló una resolución sanción, liquidación de aforo y otras resoluciones de la DIAN por emitirse fuera del término legal de cinco años. La decisión se fundamenta en que el plazo comenzó a contarse desde la fecha correcta de la transacción, no desde la fecha utilizada por la Administración. Esto libera a la sociedad extranjera y al demandante de las obligaciones de pago y reafirma la importancia del respeto a los términos legales en materia tributaria, garantizando seguridad jurídica.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado revocó parcialmente la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico y declaró nulidad parcial de liquidaciones del impuesto de industria y comercio (ICA) de 2013. La decisión reconoce ingresos declarados por contratos de colaboración empresarial y la extraterritorialidad de ingresos, ajustando la base gravable. Se confirma pero reduce la sanción por inexactitud según el principio de favorabilidad, sin condena en costas. Esta sentencia destaca la valoración integral de pruebas y el correcto tratamiento tributario de contratos empresariales.