16 de febrero de 2026 14:25:20
La Ley 2565 de 2026 extiende hasta 2037 la vigencia de los PDET, consolidando su marco normativo para promover el desarrollo integral de municipios vulnerables. Establece mecanismos de coordinación con planes nacionales y territoriales, mejora la gobernanza, financiamiento y fortalece capacidades locales, respetando la diversidad étnica y de género. La norma garantiza seguimiento técnico y evaluación continua, buscando una implementación eficaz y sostenible de los programas territoriales que contribuyen a la paz y desarrollo rural en Colombia.
El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de decreto para reducir en 0.85 puntos básicos la tasa de interés de la línea de crédito directo con tasa compensada de Findeter. Esta medida beneficiaría principalmente a departamentos, distritos y municipios de categorías 3 a 6, facilitando la financiación de proyectos y gastos de inversión. Se busca mejorar la competitividad financiera y estimular el desarrollo regional, garantizando sostenibilidad mediante límites de autorización basados en recursos disponibles para compensar la tasa.
Mediante la Resolución 00001311 de 2026, el ICA establece las condiciones para la importación a Colombia de esquejes sin raíz de mango provenientes de Estados Unidos, con fines comerciales, de ensayo y siembra. La regulación incluye certificados fitosanitarios, inspección en origen y cuarentena posentrada, con el fin de prevenir la entrada de plagas y enfermedades que puedan afectar la sanidad agropecuaria nacional, garantizando un comercio internacional seguro y sostenible.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025 que establecía un aumento del 23% al salario mínimo para 2026, por incumplimiento aparente del artículo 8 de la Ley 278 de 1996. La decisión ordena al Gobierno fijar en ocho días un nuevo porcentaje basado en una valoración técnica detallada y verificable de los parámetros legales. Se busca garantizar la movilidad salarial y evitar vacíos normativos durante el proceso judicial, preservando la seguridad jurídica y el derecho al trabajo.
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social propone un proyecto que adiciona un capítulo especial a la Resolución 02551 de 2025, creando un mecanismo de focalización por evento para atender a población afectada por desastres y calamidades públicas. Esta medida temporal prioriza la afectación directa y flexibiliza requisitos procedimentales para agilizar la entrega de ayudas, garantizando coordinación institucional, trazabilidad y control. Busca mejorar la respuesta estatal, proteger la dignidad humana y fortalecer la resiliencia comunitaria frente a emergencias.