2 de junio de 2026 12:56:1
El Ministerio de Educación Nacional propone adicionar una sección al Decreto 1075 de 2015 para reglamentar las residencias escolares, estrategia que garantiza el acceso y permanencia en el sistema educativo de estudiantes en zonas rurales con movilidad compleja. El proyecto establece requisitos técnicos, condiciones de infraestructura y servicios integrales, promoviendo la protección de derechos y el fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios. Además, define roles para entidades territoriales y el Ministerio, e incluye mecanismos de participación y seguimiento para asegurar calidad y sostenibilidad en estas residencias escolares.
El Ministerio de Salud y Protección Social plantea un proyecto de decreto para fortalecer las condiciones de empleo del talento humano en salud, adicionando un título al Decreto 780 de 2016. La iniciativa busca promover la formalización laboral, estabilidad y condiciones dignas en entidades públicas y privadas del sector. Entre sus medidas destacan la creación de planes institucionales de formalización, fortalecimiento de la seguridad y salud en el trabajo, y la conformación de un comité técnico interinstitucional. Se prevé supervisión conjunta y participación ciudadana mediante consulta pública.
El Ministerio del Trabajo propone modificar el Decreto 1072 de 2015 para reglamentar la afiliación y cotización al Sistema de Seguridad Social Integral de trabajadores digitales independientes en reparto. El proyecto establece aportes compartidos entre plataformas y trabajadores, esquemas progresivos para ingresos bajos, y obligaciones para las plataformas en retención y reporte. Además, crea un comité tripartito para seguimiento y promueve la adaptación tecnológica para facilitar el cumplimiento. La iniciativa busca proteger este sector sin reconocer relación laboral subordinada.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presenta un proyecto de decreto para reglamentar varios artículos de la Ley 2079 de 2021 y adicionar disposiciones al Decreto 1077 de 2015. La norma busca garantizar el derecho a la vivienda digna mediante tasas preferenciales, plazos máximos de financiación hasta 30 años y promoción de instrumentos financieros para vivienda rural. Se incluyen proyectos tipo adaptados a contextos socioculturales, garantías financieras y mecanismos para destinar recursos de arrendamiento a la adquisición de vivienda, con énfasis en la participación institucional y consulta pública.
Mediante resolución de 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social establece la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado (ESE) del nivel territorial para garantizar su sostenibilidad y continuidad. Aplicando metodología normativa y considerando reportes oficiales, clasifica a las ESE en niveles de riesgo, exceptuando aquellas bajo programas especiales o con medidas administrativas. Esta medida orienta acciones de fortalecimiento institucional, asignación de recursos del Fondo de Salvamento y Garantías, y busca mejorar la gestión fiscal y operativa del sistema público de salud en Colombia.